El juzgado cerca a un alto cargo del Consell por las ayudas al hermano de Puig

"Pudiendo resultar ser los hechos indicados anteriormente constitutivos de un delito de falsificación de documentos oficial, previsto en el artículo 390-4º y concordantes del Código Penal, delito, a su vez, de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y existiendo suficientes motivos racionales para su imputación al investigado...".

Con esta argumentación el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha decidido continuar la tramitación de diligencias previas contra el Director General de Política Lingüística de Conselleria de Educación, Rubén Trenzano, tras la denuncia presentada por la diputada autonómica del Partido Popular Eva Ortiz.

Trenzano, respecto a ayudas de decenas de miles de euros a la empresa Comunicació dels Ports S.A., vinculada a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, afirmó que “la Administración ha realizado las actuaciones de control que le corresponden conforme con el que establecen las ordenes citadas y la ley 1/2015, de 6 de Febrero… sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas”.

El Juzgado pone en duda esas afirmaciones al señalar en su auto que no ha quedado "suficientemente aclarado si al ser menor de 60.000 euros - 56.825 y 23.234 euros, respectivamente – se habría podido aplicar un sistema de control “ aleatorio”. Además, recalca igualmente que "tan solo tras las peticiones de documentación por la oposición, en junio de 2018, es cuando se decide aplicar un nuevo plan de control por riesgo a aquellas subvenciones litigiosas".

El citado juzgado de Valencia alude en su informe a "una posible falta de veracidad" -por parte de Trenzano- "precisamente en uno de los puntos esenciales contenidos en el escrito que constituye el documento nº 1 de la denuncia, por reconocido como firmante del mismo, y por ello, como presunto responsable de falsedad, ausencia de la necesaria veracidad en documento público oficial de cuyo contenido tuvo conocimiento tanto por el autor material del mismo".

A partir de ahí traslada las actuaciones a Fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.