No habrá juicio por el accidente del metro: La Fiscalía fuerza un pacto

Primero fue el Tribunal Constitucional el que desautorizó les Corts Valencianes por culpar a un directivo del peor accidente del Metro en España en el que murieron 43 personas y sufrieron heridas otras 47 en julio de 2006. Ahora son los tribunales los que implícitamente sacan los colores a aquellos diputados que, en un polémico informe, acusaron a varios trabajadores, al margen de políticos, de ser responsables de la tragedia.

Un acuerdo en el último momento entre el Ministerio público y el resto de las partes que evita un juicio estaba diseñado como acontecimiento mediático de unos hechos de hace catorce años: una sala acondicionada para  la difusión televisada de las sesiones que se iban a prolongar siete meses.

El acuerdo global supone la retirada de la acusación para la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Marisa Gracia -que siempre se ha mantenido firme en su posición inicial-   y tres directivos. Los otros cuatro acusados asumen una pena de hasta 22 meses de cárcel que no cumplirán, frente a los tres años y siete meses de prisión que pedía la Fiscalía. 

El pacto en realidad supone mucho más. Deja en evidencia a les Corts  que aprobaron una resolución difundida en su momento con solemnidad en la que se ponía nombre y apellidos a 13 "responsables": cinco de ellos "políticos" (el ex presidente Francisco Camps, entre ellos),  6 "responsables de  la empresa pública FGV" y otros 2 vinculados a la televisión pública de la época. Además se aprobaron 44 conclusiones y 9 recomendaciones, por cierto algunas de las más importantes aún sin ejecutar.

¿Por qué finalmente no habrá juicio?

El acuerdo alcanzado sobre el accidente del Metrovalencia no implica en realidad un reconocimiento de culpabilidad. Si así fuera habría que preguntarse porqué el Ministerio Fiscal ha "impuesto" un acuerdo singular muy lejos de las expectativas creadas, que retira las acusaciones a la mitad de los investigados y las penas del resto han sido fijadas a la mínima expresión para que pudieran ser aceptadas.

Todo apunta a que ni las acusaciones particulares ni el Ministerio Fiscal han podido encontrar pruebas de suficiente solidez para afrontar un juicio público-mediático. Era, por tanto, preciso y urgente llegar al acuerdo a costa de una declaración formal que justificara el errático planteamiento de las acusaciones y del Ministerio Fiscal para presentar una pírrica victoria, así como la cantidad de tiempo y recursos destinados a ello. Se da por finalizado un episodio sobrevenido ajeno a la voluntad de los afectados y a su conducta profesional y social.

La meticulosa investigación judicial realizada durante años no ha merecido reproche, ni por la juez de instrucción que archivó hasta en cuatro ocasiones y en otras tantas se vio obligada a abrirla de nuevo, ni por la Audiencia Provincial, buscando la verdad. La instructora siempre mantuvo que el único responsable fue el maquinista fallecido.

Dos comisiones de investigación y juicio político paralelo

Todo el proceso, desde el mismo día 3 de julio de 2006 (víspera de la llegada del Papa a Valencia quien visitó y rezó en la estación siniestrada), estuvo condicionado por la política. La primera decisión estratégica fue celebrar una comisión exprés, la más breve de la historia les Corts, sin, por lo tanto, disponer de una investigación completa e independiente del accidente. El exceso de velocidad, un hecho incuestionable, no cerraba la investigación ni satisfacía las preguntas que inevitablemente surgían y que cabría descartar o confirmar. Diez años después del accidente, coincidiendo con el acceso al poder de los partidos del Botànic, se creaba una segunda comisión parlamentaria sobre el accidente.

Pero si la investigación del 2006 fue inexistente, una especie de huida hacia adelante; en la de 2015 el espectáculo fue el de un proceso que designó, bajo el subterfugio de "responsabilidades políticas", a los culpables del accidente. Un camino que venía a evocar a la famosa y siniestra Ley de Responsabilidades Políticas del 1939. Cierto que los hechos históricos no son afortunadamente los mismos, pero si tienen algunos trazos en común: la mentalidad de enfrentamiento, las acusaciones arbitrarias sin posibilidad de defensa desde las reglas que fijó el parlamento autonómico.

Varapalo del Constitucional

Aunque las dos comisiones del metro de 2006, con Camps como presidente, y su repetición de 2015, ya bajo el mandato de Ximo Puig, llegaron a puntos divergentes aunque sí compartieron el pensamiento de fondo: el control político. Por decirlo de alguna forma, la verdad, cualquiera verdad, no debía chocar con el clima creado en la opinión pública.

El Tribunal Constitucional venía a decir que los parlamentos en el ejercicio de sus facultades de investigación "emiten, como les es propio, juicios de oportunidad política que, por muy sólidos y fundados que resulten, carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que solo el proceso judicial garantiza”.

La investigación parlamentaria revisó los mismos temas que la causa judicial abierta había estudiado y sobre la que se había pronunciado años atrás para concluir en resultados opuestos. La mayoría en Les Corts (PSOE, Podemos, Compromís y Ciudadanos), como si de una declaración institucional se tratara, hizo público su dictamen con 13 responsable, 44 conclusiones y  9 recomendaciones.

En realidad  fue "una sentencia condenatoria, una estrategia típica de los juicios paralelos para influir en el devenir y orientación de la justicia, desde la presión de una opinión pública que ratifica, desde la confianza institucional, lo que ahora se llama una verdad alternativa", en palabras de un ex directivo. Según este trabajador: "FGV había sido cómplice con la estrategia política en una supuesta ocultación de pruebas, en un aleccionamiento de sus técnicos y en una dejación de profesionalidad al no prevenir lo que, al parecer, todos sabían menos ellos".

El desmoronamiento de la causa

Quizá por ello, la sentencia del Constitucional, a finales de 2018, sacaba los colores al parlamento valenciano y de alguna forma desmoronaba toda una construcción, en parte, artificial y de dudosa credibilidad.

El Constitucional anulaba la base de responsabilidad de las conclusiones de la comisión parlamentaria del metro. El fallo dejaba constancia que las Cortes carecen de autoridad sancionadora, fuera de su ámbito interno. Según la segunda conclusión de la sentencia, cualquier acuerdo que implique la investigación de ilícitos, penales o administrativos, corresponde con carácter exclusivo a los Tribunales de justicia, sin excepción. Y la tercera, aún más clara: los diputados valencianos que aprobaron el dictamen no respetaron, y mucho menos garantizaron con su actuación, los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del honor. Elemental separación de poderes.

Ahora son los tribunales valencianos los que cierran 14 años después la causa del metro, tras un debate en el que lo político prevaleció sobre cualquier análisis. Una tragedia con 43 víctimas y decena de heridos causados en el accidente, los familiares de éstos, y una pesadilla para buen número de empleados de FGV protagonistas de un episodio sobrevenido y ajeno a la voluntad que les marcará de por vida a pesar de su absolución.