La financiación de la política se examina para sacudirse el recelo de casi todos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvárez de Miranda, el de la Junta Electoral Central, Carlos Granados Pérez, y la del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi Gutiérrez, presentarán esta semana en el Congreso de los Diputados, sus recetas para tratar de mejorar el control sobre la financiación de partidos políticos, atrapados a menudo en un complejo bucle: de un lado actúan bajo la sospecha constante sobre sus fuentes de ingresos; de otro se someten a una ley que permite donaciones muy bajas.

En ese contexto, y con la transparencia como guía, los tres ponentes están citados a comparecer ante la Comisión para la Auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, dentro de la ronda de comparecencias abierta por este órgano para recopilar propuestas sobre la financiación de los partidos políticos, un asunto cada vez más candente, a la luz de los casos de malversación y desviaciones que están protagonizando y agitando en los últimos años la vida política de nuestro país.

Más medios, más transparencia

En general, la  mayoría de los expertos que han desfilado en las últimas semanas por esta comisión han reclamado más medios para el Tribunal de Cuentas y también más competencias para sus funcionarios a la hora de controlar los gastos de los partidos. Esto último podría comportar reformas legales que exigirían un alto consenso político.

Los partidos gastaron en 2016 más de 45 millones de euros

Por otra parte, el responsable del órgano estatal encargado de fiscalizar las cuentas de las formaciones políticas tendrá ocasión de dar detalles del último informe de este tipo realizado por el tribunal y responder a las inquietudes de los miembros de la comisión sobre su funcionamiento.

En su informe la campaña electoral de las elecciones generales de 2016, el fiscalizador cifró en 45,03 millones de euros el gasto total de los partidos, un 28% menos que en los comicios anteriores de diciembre de 2015, pese a que todos ellos coincidieron en la necesidad de recortar con motivo de la repetición de los comicios.

En ese documento, el Tribunal de Cuentas detectó varios incumplimientos de la Ley Electoral. Por ejemplo, hubo formaciones no ingresaron fondos en sus cuentas electorales, otras abonaron gastos a través de sus cuentas ordinarias, otras que hicieron pagos fuera del plazo de 90 días posteriores a la jornada electoral. También mencionó el caso de empresas que no cumplieron su obligación de comunicar contratos con partidos de más de 10.000 euros.

Menos gasto en papel y más uso de Internet

Además, entre sus recomendaciones, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconsejó replantearse el envío de papeletas y sobres electorales a los ciudadanos, por considerar ya está asegurado que esos materiales estén disponibles en todos los colegios la jornada de votación. En este sentido, abogó por nuevas fórmulas que permitan ahorrar dinero al Estado y que garanticen que la subvención sea finalista y se pague por sobre enviado y no por elector, como hasta ahora.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas

Asimismo, recomendó vincular el límite máximo de gastos electorales con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, más que con el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente su candidatura cada formación política.

Sobre los límites en publicidad exterior y anuncios en prensa y radio de titularidad privada, el tribunal sugirió adaptarlos a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre los que cabe señalar la publicidad en prensa digital y otros usos en Internet.

¿Mejor la Junta que el Tribunal para fiscalizar?

También expondrá su opinión sobre la financiación de los partidos, especialmente sus gastos electorales, el presidente de la Junta Electoral, Carlos Granados. Como el resto de miembros del organismo arbitral su presidente tendría que haber sido renovado a principios de 2016, tras las elecciones de diciembre de 2015, pero todos ellos siguen en sus puestos en funciones y el Congreso no ha abierto aún el proceso para su sustitución.

Algunos de los expertos que han comparecido ante la comisión han apuntado la posibilidad de que sea la Junta Electoral y no el Tribunal de Cuentas quien fiscalice a los partidos, un asunto sobre el que también podrá pronunciarse Granados.