04 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La Moncloa clasifica como secreto de Estado las chapuzas de la operación Franco

El Gobierno corre un tupido velo después de lo poco -o nada- que ha rentabilizado la exhumación del dictador y se niega a facilitar información de las preguntas que quedan por contestar.

En vista del nulo resultado de la propaganda que hizo y se hizo Pedro Sánchez con la exhumación de los restos de Francisco Franco (los hay que sostienen que fue incluso contraproducente), el Gobierno ha decidido pasar página y correr un tupido velo.

Uno que pone "confidencial", a pesar de las muchas preguntas que quedan por responder sobre las gestiones que llevó a cabo el Ejecutivo, con la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza.

Hasta la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de la Presidencia han llegado estos meses muchas peticiones de información de ciudadanos de toda índole sobre cuestiones como los informes en los que se basó el Gobierno de Sánchez para exhumar a Franco e inhumarlo en El Pardo, las gestiones con la familia del dictador o las comunicaciones con el Vaticano para que no se entrometiese.

A este último respecto, los socialistas querían asegurarse de que Francisco I no sería un problema, y que incluso llegado el caso les quitaría de en medio al prior del Valle de los Caídos. 

Sin embargo, el Ministerio se ha negado a responder a todas y cada una de ellas a pesar de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que teóricamente le obliga. No es información que La Moncloa esté dispuesta a compartir públicamente. Para ello ha recurrido a todo tipo de subterfugios legales. 

El caso de las comunicaciones con el Vaticano es el más descarado, puesto que la propia Calvo utilizó en su día una conversación con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, para hacer campaña en favor de la exhumación. 

Entre julio y septiembre La Moncloa recibió varias solicitudes de acceso a la información sobre la correspondencia por escrito entre el Gobierno y el Vaticano por el asunto de la exhumación Franco, las comunicaciones verbales y la carta que según contó Calvo en la SER el Gobierno envió a Roma para protestar por las declaraciones del Nuncio saliente del Papa en España, Renzo Fratini, entre otros asuntos. 

Ahora Presidencia ha resuelto despachar todas ellas con la misma respuesta, escudándose en la letra c) del punto 1 del artículo 14 de la Ley de Transparencia, relativa a las relaciones exteriores como límite al derecho de acceso.

Argumenta el Gobierno: "Un principio básico de las relaciones internacionales entre Estados, las cuales son uno de los ámbitos que afectan en mayor medida al interés general, es el carácter confidencial de las comunicaciones que mantienen entre ellos y que se canalizan normalmente a través de cartas o de notas verbales. La publicación de dichas comunicaciones sería susceptible de comprometer las relaciones con el país en cuestión y, en todo caso, afectaría a la confianza mutua en la que deben desarrollarse las relaciones diplomáticas entre países. El Vaticano es a todos los efectos un Estado soberano y que mantiene relaciones diplomáticas plenas con España".

Y añade: "Aportar al solicitante la documentación que pide sentaría un grave precedente en las relaciones internacionales no solo con el Vaticano, sino con cualquier otro Estado que se relacione en el futuro con nuestro país, ya que sus representantes diplomáticos difícilmente podrían poner por escrito determinadas cuestiones delicadas de toda índole ante la tesitura de que en nuestro país podrían acabar siendo conocidas, en ambos o incluso en terceros países".

La respuesta tipo del Ministerio de Presidencia.

 

No solo eso. Ha habido en estos meses otras peticiones de información sobre los informes de todo tipo (de la Delegación del Gobierno en Madrid, del CSIC, de la Abogacía del Estado...) que Sánchez utilizó como coartada y sostén argumental para el traslado de los restos de Franco.

Pues bien. Tampoco esos, ninguno, quiere facilitar el Ejecutivo con el argumento de que hay  "procedimientos contencioso-administrativos que todavía no se han resuelto" -con la familia Franco- y que por tanto ello supondría "poner en peligro la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva". Y hasta ahí. Asunto zanjado, según el Gobierno de Sánchez

 

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