El cerco a Cifuentes, una campaña política con varios protagonistas e intereses

Si algo parecía haberse ganado Cifuentes era una imagen sólida de rectitud, imprescindible para gestionar al PP madrileño, lastrado por tres grandes casos de corrupción -Púnica, Gürtel y Lezo- que no resumen su positiva gestión de dos décadas en Madrid pero la contextualizan en una irrespirable atmósfera resumida en el encarcelamiento preventivo de Ignacio González y Francisco Granados, los dos vicepresidentes de la dimitida Esperanza Aguirre.

Minar su reputación personal es, pues, la única manera de relacionarla activamente con lo peor de esa etapa, tras fracasar los reiterados intentos de hacerlo de manera directa a través de acusaciones, comisiones y todo tipo de estrategias tendentes a provocar en la opinión pública un rechazo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sometida un calvario desconocido en quien, en realidad, nunca tuvo puestos de gestión hasta que en 2015 ganó las Elecciones Autonómicas y alcanzó un acuerdo con Ciudadanos.

Investigar hasta el final para que no haya dudas es exigible. Utilizar las sospechas para derribar un Gobierno, inaceptable

El caso del famoso máster es perfecto, pues, para deteriorar su imagen pública de luchadora contra la corrupción y de dirigente ejemplar que, consciente del legado recibido en este epígrafe, va un paso más lejos e intenta gestionar la Puerta del Sol con especial puntillosidad.

Y desde luego, esa versión de Cifuentes como campeona de la honestidad quedaría herida de muerte si se comprobara que le regalaron un máster sin ningún esfuerzo, como se ha sugerido y afirmado en distintas informaciones periodísticas y no pocos discursos políticos.

La cuestión es que es demasiado pronto para dar por buena esa versión, replicada de la única manera que cualquier alumno tiene a su alcance para contradecir una acusación así de grave: mostrando la documentación oficial que evidencia que sí se matriculó, que atendió las obligaciones que le impusieron y que, finalmente, aprobó formalmente el curso con arreglo a los parámetros impuestos por sus docentes.

Como todo eso es cierto, más allá de detalles circunstanciales que pueden ser presentados como indicio de un apaño, consecuencias de un error o efectos de un acuerdo entre profesor y alumno, según el interés de quien lo enjuicie; lo que está en discusión es si siéndolo responde a una trampa legalizada: es decir, si el título se sacó y existe legalmente, pero fue un regalo.

Un auditoría al sector

Por eso es imprescindible esperar a que la Universidad Rey Juan Carlos, supervisada por un delegado externo enviado por la Conferencia de Rectores, determine no sólo la legalidad del proceso, sino también su legitimidad. O en otras palabras, aclare si Cifuentes, además de tener el máster, lo hizo de verdad. Algo, por cierto, que convendría extender al conjunto del sector universitario madrileño y español, necesitado de una auditoría a fondo que desvele cómo funciona y cómo gasta habitualmente.

Tan comprensibles son las sospechas al respecto como la necesidad de no elevarlas a categoría de certeza, despellejando en el camino a una dirigente que reaccionó con rapidez a la acusación, mostró la documentación que podía reunir, se sometió a una intervención en la Asamblea de Madrid y dio todas las explicaciones requeridas en una inusual rueda de prensa a tumba abierta donde nada quedó por ser preguntado ni respondido.

Como hay dos versiones verosímiles -la de Cifuentes y las de los medios firmantes de las informaciones- y una de las dos no puede ser cierta; sólo cabe esperar a que una instancia superior emita una conclusión definitiva e incontestable al respecto que aclare la naturaleza real del embrollo y determine si todo ocurrió tal y como la presidenta sostiene o si, por contra, fue receptora de un favor, menor al lado de tanto escándalo pero ya incompatible con su mensaje regenerador.

Esto es lo que deberían suscribir todos los partidos políticos de la Comunidad de Madrid, pues ni anticipa una condena ni avala ninguna impunidad y ubica el conflicto en el espacio correcto, especialmente cuando la Universidad y sus observadores tramitan ya un expediente de investigación interna que arrojará luz sobre el asunto en breve. De hecho, debería haberlo hecho ya y es en todo caso urgente que no se demore mucho más allá de esta semana.

¿Errejón y Espinar?

¿A qué viene entonces presentar una moción de censura precipitada -la segunda en menos de tres años-, con la firma del PSOE y el impulso de Podemos, que además muy difícilmente prosperará por la lógica negativa de Ciudadanos a sumarse al aquelarre?

Esas prisas, expresadas por los dos dirigentes de Podemos que menos lecciones éticas pueden dar en Madrid tras ser inhabilitado uno por chanchullos universitarios -Íñigo Errejón- y otro sorprendido especulando con un piso de protección oficial -Ramón Espinar-; evidencia que el máster es una excusa para desatar una campaña interesada con varios protagonistas y diversos fines.

El PSOE madrileño se presta, extrañamente, a una estrategia de Pedro Sánchez de dañar a Ciudadanos para frenar su incipiente ascendencia entre parte del voto socialista, al obligarle a votar en público a favor del PP o de apoyar a la unión del propio PSOE con Podemos: haga lo que haga, le genera un perjuicio, pues su electorado difícilmente asumiría el desalojo de Cifuentes en favor de una alianza entre Sánchez e Iglesias que perpetúa a Carmena en el Ayuntamiento pese a sus constantes escándalos; pero también le dolerá aparecer como muleta de los populares.

Sánchez, que sostiene a Carmena en Madrid, sólo intenta poner a Rivera contra la pared. Y quizá a Susana Díaz

Algo injusto y demagógico que la formación de Albert Rivera e Ignacio Aguado, razonable y constructiva allá donde decide, debe saber esquivar para centrarse en su propia agenda sin injerencias. Y si de paso introduce una cuña en el equilibrio de Susana Díaz en Andalucía, mucho mejor para Ferraz: porque nadie entendería que al relevo de Cifuentes en Madrid no le acompañara la retirada del apoyo a la dirigente andaluza desde el partido naranja, señalada esta misma semana como conocedora de toda la trama de los ERES por uno de sus principales responsables.

La intención de Podemos

También le viene bien a Podemos para desviar la atención sobre su propia gestión en la capital de España, definida por la combinación constante de escándalos, frivolidades e irresponsabilidades: cuando no imputan a sus concejales, generan un conflicto social en Lavapiés o cierran El Retiro tras una muerte, dando una imagen deplorable de desunión, incompetencia y nepotismo. Si además acerca al PSOE a su vera y estigmatiza el diálogo y consenso entre el PP y Ciudadanos -a cinco puntos de distancia del bloque progresista en todos lo sondeos y en las últimas Generales-, la jugada política es perfecta.

Y finalmente queda otro actor menos fácil de precisar, peor igual de presente tal vez: el propio PP, o una parte de él, sumido en disputas intestinas difíciles de precisar pero fáciles de identificar por sus consecuencias. Se diría que la sucesión de Rajoy, o la expectativa de que algún día eso ocurrirá, ha estimulado una especie de 'Juego de Tronos' determinante, en algún grado, en todas las polémicas que afectan a algunos de sus principales dirigentes. Quizá puedan lograr su objetivo, pero será a costa de hundir, tal vez definitivamente, a sus propias siglas.

En un país razonable, lo sensato sería investigar el máster de Cifuentes hasta el final, sin dudar mientras de su testimonio ni mucho menos exigir su salida de un puesto en el que le han colocado los ciudadanos para, a la vez, pedir su salida en el momento si se confirmara la sospecha o presentarle disculpas desde la institución académica por el daño causado cuando se conociera la verdad definitiva. Pero en España, donde funciona la pena anticipada de telediario y el populismo se ha impuesto como lenguaje cotidiano y brújula del proceder político, eso es una quimera.