02 de junio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

A Puigdemont le dan donde más le duele y pide a todos que se rasquen el bolsillo

Puigdemont y Toni Comín. Peligra su sueldo de eurodiputados y su patrimonio. Por delinquir.

Puigdemont y Toni Comín. Peligra su sueldo de eurodiputados y su patrimonio. Por delinquir.

Acostumbrado en los últimos años a vivir del cuento, la sanción de 4 millones de euros que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas ha dejado noqueado al "nuevo rico" de Waterloo.

El nuevo rico de Waterloo no quiere hacer frente a la responsabilidad económica de sus delitos. Acostumbrado a darse en estos tiempos la vida padre a cuenta de los impuestos de todos los catalanes, ahora quiere fugarse también de su responsabilidad.

Y quiere que sean esos mismos catalanes a los que ha dejado en la ruina los que se rasquen el bolsillo para pagar sus desmanes.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido ayuda este martes a las personas que votaron el 1-O para pagar la fianza de 4,1 millones de euros que ha fijado provisionalmente el Tribunal de Cuentas por el dineto malversado en el referéndum ilegal.

El Tribunal de Cuentas ha citado a las defensas de Puigdemont, de sus exconsejeros y altos cargos de su Gobierno para comunicarles el acta de liquidación provisional con la cuantía que la instructora considera que se malversó para el 1-O, un total de 4.146.000 euros.

Puigdemont ha señalado que el órgano fiscalizador reclama la fianza a los impulsores del 1-O y ha advertido de que tienen 15 días para pagar y evitar el embargo, por lo que ha pedido aportaciones a la Caixa de Solidaritat: "Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos".

El órgano fiscalizador del Estado ha comunicado la cuantía que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal de 1 de octubre, que ha cifrado provisionalmente en 4.146.000 euros.

Esta cifra, que responde a lo que costó el referéndum más intereses, es aún provisional pues el Tribunal de Cuentas ha dado hasta las 11.30 horas de plazo para que los representantes legales de los investigados estudien el acta de liquidación y presenten las alegaciones pertinentes, lo que podría hacer que la cantidad varíe ligeramente.

Una vez concluya este trámite se dará a conocer la fianza que se impondrá a los presuntos responsables para responder a una posible condena y garantizar así el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, que suele ser de 15 días, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este procedimiento es el mismo que en 2017 se inició contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a quien se consideró el máximo responsable del coste de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por lo que le obligó a responder de forma solidaria con hasta 5.251.948,17 euros, que supuso el importe total de todas las fianzas fijadas. De este modo, Mas tuvo que hacer frente a aquella parte que sus subordinados no pudieron afianzar.

Previsiblemente, este mismo sistema se aplicará a Puigdemont, por lo que será responsable de que se devuelvan los 4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas estima que se desviaron de fondos públicos para la votación ilegal.

Entre los investigados, además de Puigdemont y  Junqueras, se encuentran los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila; y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret.

El procedimiento comenzó por la denuncia de la Fiscalía y de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución interpusieron en el Tribunal de Cuentas.

 

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