24 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El colegio católico de las hijas de Celaá se une a la rebelión contra su ley

La ministra Celaá en una imagen de archivo en el Senado.

La ministra Celaá en una imagen de archivo en el Senado.

La ministra de Educación se enfrenta a un tsunami en toda regla. Más de un millón de españoles han firmado contra su ley. Entre los activistas, los Colegios Irlandeses, que tan bien conoce.

La Plataforma Más Plurales ha conseguido desatar un tsunami. Ya son más de 1.086.000 los españoles que han firmado en contra de la llamada Ley Celaá, y el número continúa creciendo de forma exponencial. 

Colegios concertados y privados de toda España se han convertido en auténticos activistas contra un proyecto de ley educativa que está hecho sin contar con la comunidad educativa y que, según su manifiesto, "atenta contra la pluralidad educativa". 

En la guerra contra la ministra de Educación se han alistado, también, los Colegios Irlandesas, seis centros pertenecientes a la comunidad religiosa Instituto de la Bienaventurada Virgen María.  Celaá los conoce bien, porque fue uno de ellos el que eligió para la educación de sus dos hijas, Bárbara y Patricia Aspichueta. Concretamente, el que la congregación tiene en la localidad vizcaína de Lejona. 

Como desveló ESdiario en enero, Celáa, católica practicante, educó a sus hijas en un centro elitista que se define como "católico, concertado, plurilingüe e integral", y con "una mentalidad abierta y comprometida con la sociedad y el entorno en el que vivimos, inspirado en los valores del Evangelio".

Cubre desde la educación Infantil hasta el Bachiller, apuesta por una educación "basada en la fe y en el desarrollo de valores personales" y pertenece a la red de Escuelas Católicas.

En sus redes sociales, los Colegios Irlandesas se han hecho eco de la campaña Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos. En el que la Plataforma pone cifras a la Ley Celaá, si no se detiene:

Hay más de 9.300 centros educativos de la red concertada y privada que ven peligrar su continuidad y, con ellos, más de 260.000 profesionales y cuatro millones de familias a las que "se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos".

Este viernes, la Comisión de Educación del Congreso se reúne para emitir un dictamen a la vista del informe de la ponencia elaborada a puerta cerrada sobre un proyecto de ley totalmente atípico en su tramitación.

Porque el PSOE y Unidas Podemos se las han ingeniado para que la comunidad educativa no participe a través de comparecencias en el Parlamento, como es habitual. Por comparar, durante la tramitación de la Ley Wert desfilaron por la Cámara más de medio centenar de comparecientes. 

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