Cisma entre el Gobierno de Sánchez y Llarena por la entrega de Puigdemont

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de entregar a Carles Puigdemont a España únicamente con malversación y no por rebelión ha provocado un choque entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. O, más en concreto, entre el juez Pablo Llarena y Pedro Sánchez.

El presidente se adelantó a cualquier movimiento del magistrado instructor y, aunque no quiso valorar el fallo, desde la cumbre de la OTAN proclamó que en este caso "lo importante" es que Puigdemont y el resto de responsables del 1-O serán juzgados en España.

Sin embargo, no parece que vayan por ahí los planes de Llarena, cuya idea pasa en este momento por rechazar la extradición. De lo contrario, el cabecilla del referéndum ilegal no podría ser juzgado por rebelión en España y sus subordinados sí. 

En concreto lo serían el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; sus exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raúl Romeva y Dolors Bassa; los Jordis y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell -todos ellos en prisión provisional-, sí estarían sentados en el banquillo de los acusados por rebelión en un futuro juicio, cuya fecha aún está pendiente de señalar.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado del Supremo aún no tiene notificada la resolución del tribunal alemán y hasta que no la reciba, se traduzca al castellano y estudie los argumentos jurídicos que exponen los jueces para rechazar entregar al expresidente catalán por rebelión, Llarena no tomará una decisión.

Una de sus opciones pasa por acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudie esta decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y analizar si el procedimiento de extradición se está desarrollando correctamente, posibilidad que ya planteó Llarena el pasado mes de abril tras conocer una de las negativas de los jueces alemanes.

Fuentes jurídicas apuntan que también cabe la posibilidad de recurrir a Eurojust, organismo creado para la coordinación y la cooperación judicial entre los miembros de la Unión Europea.

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, adelantó este jueves que prevé recurrir al Tribunal Constitucional alemán la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de permitir aun así la entrega a España por malversación.

Si finalmente Puigdemont es juzgado en España sólo por el delito de malversación, se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años, como contempla la legislación española con respecto a una pena agravada al exceder el perjuicio en más de 250.000 euros.

Y mientras, el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonés (ERC), se reunió con su homóloga del Gobierno central, Carmen Calvo, para pedir que saquen el procés de los tribunales. "Saben de sobra los instrumentos que tienen", señaló.