Las 'patatas calientes' por las que Calviño e Iglesias se llevarán a tortas

El horizonte económico que se le presenta al futuro Gobierno de coalición es de lo más inquietante. Y el hecho de que deba ser lidiado por un gabinete en el que dos figuras políticas tan distantes como Nadia Calviño y Pablo Iglesias tendrán mucho que decir no mejora ni mucho menos la perspectiva. Las curvas que se avecinan son, pues, de aúpa.

Pedro Sánchez ya anunció en el debate presidencial de la pasada campaña electoral que elevaría a  Calviño, hoy ministra en funciones, al cargo de vicepresidenta encargada de supervisar los ministerios de corte más económico. Y todo apunta a que el líder de Unidas Podemos se reservará una vicepresidencia "social". Y es verdad que hay puntos donde socialistas y morados pueden encontrar muchos puntos de acuerdo, habida cuenta del giro que ha ido dando el PSOE hacia posturas tradicionalmente asociadas a las fuerzas políticas de extrema izquierda.

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Claro que ese abandono de la socialdemocracia y la creciente radicalización del discurso socialista no implica que no existan puntos de considerable desencuentro en el discurso económico de ambos políticos. Sobre todo cuando el nombramiento de Calviño se interpreta como un mensaje dirigido a Bruselas, dado el prestigio que la ministra cuenta allí tras trabajar durante años en las cuentas de la UE.

Existen, de hecho, varias cuestiones de calado en los que Calviño e Iglesias defienden posturas completamente divergentes, lo que podría complicar el diálogo y la gobernabilidad económica del país.

La búsqueda del equilibrio presupuestario es uno de ellos. El documento programático que han firmado PSOE y Podemos habla de "evaluar y controlar el gasto público" y define dicha tarea como un paso "esencial para el sostenimiento de un Estado de Bienestar sólido y duradero". Sin embargo, no está nada claro que este compromiso sea realista, puesto que la disciplina fiscal se ha deteriorado desde que Sánchez es presidente y, además, el programa económico de Podemos incluye una batería de medidas de gasto que solo empeoraría esta situación.

Los morados, en concreto, han defendido una explosión del gasto público que solo contribuiría a acrecentar esta deriva. Sin ir más lejos, en 2018, el partido de Pablo Iglesias planteó elevar el gasto en 24.500 millones de euros. Muy lejos de la ortodoxia que pretende vender Sánchez.

Otra 'patata caliente' tiene que ver con la "banca pública" tras la crisis de las cajas de ahorro. Calviño sabe que Bruselas mira con recelo la posibilidad de que España vuelva a las andadas y recupere el viejo modelo de banca pública. Por este motivo, el PSOE no ha planteado cambios en la reforma financiera que heredó de Mariano Rajoy, si bien tampoco ha avanzado en la venta de las participaciones que el Estado sigue teniendo en Bankia y ha abogado por la introducción de una tasa a las transacciones financieras.

Pablo Iglesias, por su parte, defiende abiertamente un modelo de banca pública que incluiría un giro en la política del Estado respecto a su participación en Bankia, con ánimo de orientar el funcionamiento de la entidad hacia los objetivos financieros que dicte el gobierno.

La reforma laboral y la "mochila austriaca"

El futuro de la reforma laboral es otro asunto que puede hacer saltar chispas. El PSOE criticó reiteradamente la reforma laboral pero, tras llegar al poder en 2018, optó por dejarla en pie y plantear otro tipo de retoques. Los socialistas hablan ahora de realizar planes contra el fraude laboral, aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, subir el salario mínimo, limitar la subcontratación… Sin embargo, ya no ponen encima de la mesa el repliegue total de la reforma introducida en 2012 por el gobierno de Rajoy.

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Sin embargo, Podemos sigue pidiendo de forma recurrente la derogación de la norma diseñada por Fátima Báñez y, además, propone replegar también los cambios laborales introducidos en 2010 por el gobierno de Rodríguez Zapatero. De hecho, la formación morada ha defendido insistentemente que solo su entrada en el gobierno garantiza la marcha atrás de estas normas.

Por último, la ministra de Economía se ha mostrado partidaria de introducir la llamada mochila austriaca. Esta propuesta, planteada también por el PP y Ciudadanos, consiste en que el empleado recibe una aportación anual de la empresa en un fondo de capitalización que va acumulando durante su vida laboral. Este ahorro se emplea en caso de despido, para financiar parte de la indemnización, y abre también una fórmula de acumulación de capital que puede complementar la futura pensión de jubilación del trabajador.

Pero esta medida ha sido rechazada agriamente por los morados. Para los podemitas, con esta iniciativa "el PSOE quiere el despido le salga gratis a las empresas", y se calificó en su momento como el mejor ejemplo de que los de Sánchez pretenden "cuidar a los de arriba y desproteger a los de abajo". Ahí es nada.