Ya sabemos por qué Anna Gabriel está segura de que Suiza jamás la extraditará

La CUP ha convocado una rueda de prensa para este martes en la que, en teoría, los compañeros de Anna Gabriel desvelarán si ésta tiene intención o no de comparecer ante el juez Pablo Llarena el miércoles, cuando está citada en el Tribunal Supremo. 

Aunque desde Ciudadanos y el PP han exigido a la exportavoz de la CUP que responda ante la Justicia española y no se haga un Puigdemont, muchos en Cataluña creen que Gabriel se quedará en Suiza. 

¿Y por qué en Suiza, que no forma parte de la Unión Europea? Sus abogados así se lo aconsejaron porque están convencidos de que, si el juez Llarena dictara una orden de arresto internacional para que detengan a la cupera y sea extraditada de inmediato, el país helvético se negará.  

Creen los letrados, entre los que se encuentra el exdiputado de la CUP Benet Salellas, que el precedente del caso Falciani pesará más, porque los suizos aún no se han olvidado. Y así que lo han hecho creer a ella también.

En 2013 la Audiencia Nacional dio un puntapié a Suiza al negarse a extraditar al informático franco italiano Hervé Falciani, reclamado por la justicia de aquel país porque se había hecho con los datos de 130.000 clientes del banco privado HSBC -con sede en Ginebra- y expuesto a miles de evasores fiscales.

Estaba acusado de espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes. 

El propio Falciani reconoció en abril de 2013 en una entrevista en El País que en Estados Unidos le aconsejaron refugiarse en España. "Tenía dos opciones: iniciar una nueva vida en Estados Unidos o viajar a otro lugar para ganar tiempo. Me dijeron que el único sitio seguro en Europa sería España, que había utilizado con éxito mi información en casos importantes como el de la familia Botín. Creían que sería poco probable que España aprobara mi extradición a Suiza". Y así lo hizo.

En el Código Penal suizo no existen, como tales, los delitos de sedición y rebelión, pero en su artículo 265 sí castiga los "delitos contra el Estado": intentar "cambiar mediante la violencia la Constitución" o "separar mediante la violencia parte del territorio".

No obstante, según la legislación de Suiza, la extradición puede denegarse por contravenir los principios de la Convención europea de los Derechos Humanos o si se considera que el perseguido lo es por motivos políticos. Y a ello quiere acogerse Gabriel, que en su defensa cuenta con el abogado suizo de etarras Olivier Peter.