21 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Asedio a la Constitución: el plan de Iglesias que ahora también lo es de Sánchez

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez

El aniversario del 1-O coloca a los delincuentes de aquel día a la cabeza de los cuidados de un Gobierno capaz de humillar a España para garantizarse su continuidad.

 

En las últimas semanas estamos viviendo una ofensiva clara desde el Gobierno socialcomunista contra nuestro Estado democrático y social de Derecho. Hasta ahora pensábamos que era únicamente la parte comunista la que se encontraba inmersa en ese asedio contra la Constitución, pero los últimos acontecimientos nos hacen pensar que es un proyecto del Gobierno sin fisura alguna.

En el Senado, el grupo socialista, aliado con los grupos antisistema, radicales e independentistas, se negaron apoyar la proposición de modificar el Código Penal para introducir el delito de convocatoria ilegal de referéndum.

En el Congreso, el Gobierno por boca del Ministro de Justicia, anunció que se iba a iniciar el trámite para el indulto de los presos golpistas, además de haberse efectuado el viernes 25 de septiembre el ataque más terrible contra el Poder Judicial y la Monarquía, al vetar el Gobierno la presencia de S.M. el Rey en un acto judicial sin que se haya producido una explicación mínima, salvo los insultos de Pablo Iglesias y el ministro Garzón.

Todo ello, unido al plan ideado por la pareja Dolores Delgado y el expulsado de la carrera judicial, Baltasar Garzón, para iniciar la purga de los fiscales profesionales del Tribunal Supremo y sustituirlos por los leales al radicalismo judicial. 

 

Siendo lo anteriormente descrito como muy preocupante, lo más grave de todo ha sido el anuncio de que se va a iniciar la reforma de los delitos de sedición y rebelión, como forma indirecta del actual Gobierno, de lograr la excarcelación de los líderes golpistas, por la mera promesa de apoyar unos presupuestos y asegurar el sillón a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Hemos escuchado a la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, gran intelectual y jurista, que lo que se pretende es actualizar un código que tiene 200 años, cuando el actual código es de 1995, cuyo padre fue el ministro socialista Belloch, que llegó a afirmar que era el Código Penal de la “democracia”. Pero claro, qué vamos a esperar de la socialista Lastra, la cual se caracteriza únicamente  por utilizar el  insulto como método de trabajo.

Hay que exigir al Gobierno socialcomunista que se quite la careta y si lo que quieren es indultar a los que han intentado destruir nuestra Constitución

Por eso es necesario conocer que en Derecho comparado, los delitos graves contra la Constitución, como los cometidos el 1 de octubre de 2017, llevan aparejadas penas de cadena perpetua, como en el Derecho alemán o danés, o en Francia se pueden imponer penas hasta de 30 años, o en la regulación portuguesa, las penas llegan hasta 20 años.

Por lo tanto, la pretensión del Gobierno de modificar los delitos de rebelión y sedición para adecuarlo a las legislaciones europeas es falsa. En los países europeos se defiende los textos constitucionales frente a aquellos que atentan contra la misma, de forma muy dura.

No podemos caer en la trampa dialéctica que se está tejiendo desde Moncloa pretendiendo convencer a la sociedad de que los delitos referidos se pretenden reformar por motivos de técnica jurídica. La verdad es que se quieren reformar para dejar en libertad inmediata a los presos golpistas.

La humillación

La maniobra de distracción diseñada consiste en que si no sale bien el “plan A”, que es el indulto, funcione el “plan B”, que es la rebaja de las penas, para que se acomoden al tiempo que los golpistas ya han cumplido en prisión.

Por eso hay que exigir al Gobierno socialcomunista que se quite la careta y si lo que realmente quieren es indultar a los que han intentado destruir nuestra Constitución, tienen que asumir el coste político de decirlo a la sociedad, sin esconderse en frases ambiguas, y decir cuáles son las razones de Justicia o equidad que aprecian para querer la salida inmediata de la prisión de unos condenados por delitos muy graves que no manifiestan arrepentimiento y que se jactan de que lo volverán a intentar.

Un Estado democrático tiene que poder defenderse de aquellos que asedian e intentan derribar la Constitución y ponen en peligro la convivencia. Lo contrario es la humillación.

Comenta esta noticia