| 23 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Agramunt durante una entrevista para Russia Today
Agramunt durante una entrevista para Russia Today

La dimisión de Agramunt del Consejo de Europa, los lobbies y la crisis del PP

Agramunt deja el Consejo de Europa. La decisión del senador, pactada con el PP, se produce una vez que la "investigación política", según él, no ha podido demostrar la graves acusaciones.

| Álvaro Errazu Edición Valencia
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Sobre Pedro Agramunt no existe imputación o instrucción judicial. Tampoco sobre el resto de parlamentarios españoles y de distintos países sobre los que pesaba un grave acusación de corrupción. Los afectados, que mantienen sus derechos de voto y participación en el Consejo de Europa, si bien se le ha limitado el de representación institucional, sostienen que han sido víctimas de un ataque ideológico. En cualquier caso, el apoyo del PDECat a su diputado Jordi Xuclà (comunicado incluido) contrasta con el silencio que el PP, especialmente el de la Comunitat Valenciana, ha mantenido con el senador. Agramunt confirmó anoche su marcha del organismo para no "perjudicar" a su organización.

De Marcelino Oreja a Agramunt

El Consejo de Europa no había sido objeto en España de tanta atención mediática como hasta ahora. Tras la muerte de Franco, las autoridades sabían en el período de la Transición que si España quería ser homologada como el resto de democracias europeas, el ingreso en el Consejo de Europa era de obligado cumplimiento. Tal importancia tenía esta organización, de la que cuelgan su Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que el ministro de Exteriores de la Transición, Marcelino Oreja, acabo convirtiéndose en secretario general de la institución.

Pero desde los 80 hasta la actualidad, el interés en España por el Consejo de Europa fue decayendo hasta hace dos años que el senador Agramunt fue elegido Presidente de su Asamblea Parlamentaria. Desde entonces hasta esta semana, una cadena sucesiva de acontecimientos han llamado la atención mediática y política en España por unas acusaciones contra varias decenas de parlamentarios y ex parlamentarios de diferentes estados europeos, eso sí, vinculados al Partido Popular Europeo, al ala conservadora y liberal. Ninguno de los que ha sido "investigados"  pertenecen a la izquierda.

¿Por qué es importante este detalle? El Consejo de Europa es la única organización que la izquierda ideológica puede manejar en la actualidad dado que es la derecha política europea la que está al frente de instituciones clave y más importantes como la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.

Sin embargo, el Consejo de Europa es un actor muy destacado  desde el que se elabora toda la doctrina moral e ideológica sobre temas relevantes en la actualidad europea como los nacionalismos  la autodeterminación, la eutanasia... Para la izquierda  es vital hacerse con el control de esta institución por su  influencia y para erigirse  como la gran autoridad moral de todos los europeos, incluida la Europa del Este no comunitaria.

Y ese es uno de los motivos, quizá el principal, por el que hemos llegado al punto de las acusaciones contra Agramunt y otros parlamentarios. 

Cualquiera que haya seguido las informaciones contra el senador  valenciano de esta semana verá que las acusaciones más despiadadas proceden de medios radicales, precisamente aquellos que comparten con el activismo una agenda política. Sobre Agramunt no pesa ninguna instrucción judicial, sobre Agramunt no pesa ninguna imputación judicial, sobre Agramunt, al igual que sobre el resto de parlamentarios, pesa una acusación sobre corrupción política basada en "indicios" y a la que no se han aportado más pruebas que declaraciones de supuestos testigos.  Una acusación tan contundente, que de contar con prueba, habría provocado la "inhabilitación" total del político español. En cambio se optó, en votación apretada y muy política, a apartarle diez años de las funciones de "embajador".

Podrían contarse con la palma de una mano las personas que se habrán leído el informe de la llamada comisión de investigación “independiente” que apuntaba contra el senador Agramunt; el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde; el diputado Jordi Xuclà (PDECat); y otros parlamentarios. 

Hipocresía con Azerbaiyán

A casi todos ellos se les acusa de cierta connivencia con Azerbaiyán, patrocinador en su día del Atletico de Madrid. ¿Acaso es Azerbaiyán un país peligroso para la seguridad mundial? Azerbaiyán, al lado de Irán, pero en el continente europeo, es clave para la estabilidad internacional. Para el senador popular es un ejercicio de hipocresía condenar a Azerbaiyán, mientras toleramos el entendimiento con países como Qatar o Arabia Saudí.

En esta línea, insiste que Azerbaiyán es un país sin pena de muerte, a diferencia de Arabia Saudí, Argelia, China, o incluso Estados Unidos o Japón. Por ello, Agramunt subraya que el actual gobierno  estadounidense presume de fotos con el rey saudí, Salmán bin Abdulaziz, y en cambio nadie se lo reprocha. Pablo Iglesias de Podemos se vanagloria de amistad con el régimen bolivariano de Venezuela y ha recibido dinero del régimen iraní para sus programas de televisión. "Y nadie le ha exigido su dimisión", sentencia.

Entonces, ¿por qué se le pide la dimisión?

Pedro Agramunt no tiene resortes en el PP valenciano mientras sí que conserva algunos en el PP de Madrid. A diferencia de Jordi Xuclà, donde el PDECat ha cerrado filas alrededor del político catalán  al igual que la prensa más vehemente del catalanismo, el veterano político sólo se ha visto apoyado desde las filas populares del Senado e internamente desde Génova. Eso es síntoma del estado actual del partido de Rajoy tras los casos Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Una especie de salvase quien pueda. Un camino resbaladizo hasta las próximas elecciones ¿Habrán más acusaciones hacia cargos populares en este periodo preelectoral a tenor de la respuesta de Génova?

Los argumentos que ofreció el senador Agramunt esta semana acusando a “lobbys” y otros grupos de presión de estar detrás de la campaña contra él en el Consejo de Europa no ha sido rebatido por ninguno de ellos a casi una semana de haber sido presentados. Por de pronto ha conseguido "internacionalizar" el caso, a tenor del interés mediático en varios países que han reclamado su informe.

Esta semana algún miembro del PP valenciano decía que Agramunt no se había caracterizado por la defensa de los intereses valencianos en su cargo del Senado o del Consejo de Europa. El afectado ha puesto como prueba su agenda de reuniones vinculadas a parar la estrategia del independentismo catalán y vasco a España en los últimos quince años.

La internacionalización del desafío soberanista empieza a tener más protagonismo en el Consejo de Europa, en su Asamblea Parlamentaria y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde los independentistas van a encontrar un púlpito y un micrófono.

El pasado mes de enero cuando la nueva magistrada española en el TEDH, María Elósegui, fue elegida en el cargo, vivió una campaña de ataques y de desprestigio. El origen siempre el mismo: el activismo más radical vinculado con organizaciones en teoría independientes. El resultado: Agramunt ha anunciado a su entorno que abandonará próximamente el Consejo de Europa harto de tanta presión. También lo hizo a un grupo de periodistas valencianos durante un almuerzo horas antes de que expusiera sus alegaciones y se conociera el resultado de la investigación. 

Agramunt, quien no deja la política, sostuvo ante los informadores que España tiene ante sí un frente muy importante en el Consejo de Europa. "El actual gobierno seguramente será acusado, por algunos, de violaciones de derechos humanos en el desafío soberanista y de incumplimiento de convenios internacionales. Ya se están encargando los independentistas de trabajar dicho frente. Los políticos españoles han quedado retratados como corruptos ante cierta pasivida, del Congreso y del Senado con un informe sesgado, parcial y repleto de errores,falsedades y calumnis. El objetivo sería retroceder a España internacionalmente a la categoría de “Francoland”, doblegar y desanimar al votante de derechas a que no acuda a votar cuando haya elecciones y conquistar así el poder". Esa es, al menos, su sentencia.