¿Orange Market de izquierdas? La presunta financiación irregular de PSPV y Bloc

Enric Morera, Ximo Puig y Mónica Oltra

Enric Morera, Ximo Puig y Mónica Oltra

Alarma en las filas socialistas, desmarque de Mónica Oltra, y posible implicación del gobierno de Rodríguez Zapatero en un nuevo y explosivo cóctel político valenciano en plena Semana Santa.

A finales de 2016 el PP valenciano recibe documentación de forma anónima que implica a diversas empresas en la presunta financiación irregular en las campañas electorales de 2007 de los partidos políticos PSPV (PSOE) y Bloc (actualmente principal pilar de la coalición Compromís).

Los dirigían respectivamente Joan Ignasi Pla, firmante un año antes con Francisco Camps de la reforma del Estatut valenciano como líder de la oposición, y el nacionalista Enric Morera. Ambos, por cierto, con antecedentes en el mundo de la empresa.

Pla, en la actualidad, asiste con frecuencia a tertulias radiofónicas en las que hace gala de cierta “indisciplina de partido”. Por ejemplo, con sus críticas a la politización del debate sobre las pensiones por parte de Pedro Sánchez o la idoneidad de la celebración de primarias comarcales que ha impulsado Ximo Puig.

Lo que leen en el PPCV les parece grave. No sin cierta cautela por temor a una posible intoxicación acaban llevando toda la información recibida a la Policía Nacional. Ésta, a diferencia de la Fiscalía, es tan hermética en sus actuaciones que hasta que El Mundo publica este Miércoles Santo la existencia del caso nadie en el PPCV sabe nada de la marcha de las investigaciones. De hecho se había perdido la esperanza de que la denuncia prosperara.

Cuál ha sido la sorpresa de los dirigentes populares que la investigación no sólo ha tomado cuerpo, sino que se ha desarrollado mucho más de lo que esperaban, con cuatro juzgados trabajando en un caso con presuntas implicaciones de hasta cuatro ministerios del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos de esos juzgados son madrileños. Los otros dos, de Benidorm y Gandía. La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado la personación de su partido en la causa. De momento el caso está bajo secreto de sumario. Casualmente Rodríguez Zapatero tiene confirmada una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia para el 11 de abril con el título “Democracia y convivencia”.

Preocupación en el PSPV y el Bloc

Los presuntos delitos electorales investigados estarían prescritos. Pero el resto de posibles cargos no. Y desde luego el daño reputacional que este caso puede reportar a partidos que han hecho de la regeneración y la lucha contra la corrupción pidiendo incluso la ilegalización del PPCV (caso de la socialista Ana Barceló) es enorme. Lo reconocen abiertamente en el PSPV.

El portavoz Manolo Mata ha declarado que “el tema es grave” y ha anunciado una comisión de investigación interna. En cambio el presidente del Bloc y entonces secretario general, Enric Morera (que además es ahora mismo la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana desde la presidencia de Les Corts), ha asegurado que las cuentas son claras y transparentes y que “no hace falta ninguna actuación “extra” para recabar datos”.

Especialmente interesante ha sido la reacción del secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se ha desmarcado del pasado: “las cuestiones del partido socialista hoy están absolutamente claras (…) y si en algún momento se ha hecho algo mal se asumirán responsabilidades por parte de quien corresponda”. Sin embargo fuentes del PP recuerdan que Puig lleva treinta años en política, y que hay asesores “muy cercanos” que podrían verse salpicados.

Por su parte la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, se ha desmarcado del caso asegurando que dicha coalición electoral nace años después de acontecidos los hechos investigados, y ha remitido en todo momento al comunicado del Bloc en el que se confía “en la buena actuación de las direcciones anteriores”. Oltra milita en Iniciativa, la segunda pata más importante de Compromís tras el Bloc. Iniciativa es partidaria de acuerdos preelectorales con Podemos. El Bloc no.

Facturas por trabajos electorales

Según El Mundo las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011, antes por tanto del vuelco político en la Comunidad Valenciana obrado en 2015 y que llevó a PSPV y Compromís al poder. El diario desliza que “los hechos que se investigan guardan ciertas características con la estructura que financió durante años en negro al PP, sobre todo en lo que se refiere a la campaña del PSPV-PSOE”, con una empresa concreta -Crespo Gomar- en “el papel de Orange Market”.

La clave de la investigación estaría, siempre según El Mundo, en la relación de la sociedad Crespo Gomar, la empresa de comunicación que llevó las campañas de ambos partidos, con ministerios del Gobierno de España mientras José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente. Estaríamos hablando, según el diario, de al menos seis contratos que dirigentes socialistas habrían adjudicado de modo irregular por un montante de alrededor de un millón de euros. En el PP elevan las adjudicaciones ministeriales a Crespogomar S.L. a tres millones en dos años (2008 y 2009). Además Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se harían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Crespogomar S.L., con sede en Gandía hasta su cierre, tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo de Antoni Gomar, ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía en los tiempos en los que José Manuel Orengo fue primer edil de la ciudad ducal y José Ramón Tiller su jefe de gabinete. Tiller fue luego empleado de Crespogomar S.L. Orengo es hoy en día asesor en Presidencia de la Generalitat.

En lo que respecta a los nacionalistas, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia 'estados de cuentas de Bloc', según la misma información. La documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra 'concepto' con una serie de empresas. La investigación busca determinar si estas empresas fueron las que asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y conocer el por qué aparecen en su cuenta, informa Europa Press.

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