31 de mayo de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un juez abre la vía penal contra el Gobierno por alentar el 8M en plena pandemia

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, junto a Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, junto a Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, es el primer alto cargo de Pedro Sánchez investigado por la Justicia por un presunto delito de prevaricación y otro de lesiones.

Mucho se ha hablado estos días de la posible intervención de la Justicia contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por permitir las manifestaciones del 8-M cuando en La Moncloa ya circulaban informes de los expertos adviertiendo de la propagación letal del coronavirus. Desde este miércoles, ha dejado de ser una posibilidad de futuro para convertirse en una realidad ya en marcha.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, investiga ya al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la gran manifestación en la capital por el Día Internacional de la Mujer, pese a las advertencias días antes del Centro Europeo para el Control y Prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

 

El abogado Víctor Valladares presentó el pasado viernes una denuncia que iba dirigida contra el presidente del Gobierno y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido aquellas concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo.

Tras estudiar dicha denuncia, la magistrada instructora ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En este sentido, insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes.

En el caso del propio Sánchez sería ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido a su aforamiento, mientras que el resto de delegados de Gobierno deberían responder ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

Asimismo, la juez Rodríguez-Medel ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

 

Comenta esta noticia