"Vendetta" contra el exalcalde que provocó la caída del presidente de diputación

El ex alcalde de la Pobla Llarga y miembro del consejo de administración de Divalterra, Rafael Soler

El ex alcalde de la Pobla Llarga y miembro del consejo de administración de Divalterra, Rafael Soler

El PSPV ha marcado como objetivo al exalcalde que denunció enchufes en la Diputación de Valencia. Un caso que provocó la detención y posterior dimisión del presidente Jorge Rodríguez.

Los socialistas tratan de manchar la imagen del diputado provincial y ex alcalde de La Pobla Llarga, Rafael Soler (PP). Precisamente este cargo es quien denunció irregularidades en la Diputación de Valencia por contrataciones a dedo en la empresa pública Divalterra.El denominado caso Alquería que provocó la detención del presidente Jorge Rodríguez y su posterior dimisión forzado porsu compañeros de partido José Luis Ábalos y Ximo Puig.  El PSPV ha recurrido a la historia para "castigar" a Soler al recuperar una asunto de la anterior legislatura que todo apunta ya está amortizado. E incluso con pronunciamiento judicial. Esto son los hechos:

Julio de 2008. La Diputación de Valencia, entonces presidida por Alfonso Rus, concedió una subvención a través de un convenio singular al Ayuntamiento de la Pobla Llarga para el equipamiento del Teatro Monterrey. Dicha subvención ascendía a 267.000 euros distribuidos en tres años (117.000 euros en 2008, 80.000 al año siguiente y 70.000 en 2010), con el fin de equipar la instalación con 1.089 butacas, además del telón, el carril de éste, el acondicionamiento acústico y los complementos de decoración.

En febrero de 2017, como el edificio está inacabado y solo una parte de aquel equipamiento estaba localizada, según un informe realizado por el Área de Cooperación Local de la Diputación, que dirige Emili Altur (Compromís), se abrió un expediente contra el municipio de reintegro de la subvención concedida "y no ejecutada". La cantidad que la diputación reclamaba era de 185.800,93 euros, a la que en diciembre pasado sumó otros 60.120 euros en concepto de intereses de demora. 

Pues bien, el Ayuntamiento de la Pobla no tiene que devolver el dinero de la subvención de las butacas del teatro Monterrey de la localidad, como ya había dicho el ex alcalde de la localidad Rafa Soler y como ha dictaminado ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia. El juez considera que "la cuestión es absolutamente clara" y "procede anular" el expediente de reintegro "al haber prescrito la posibilidad de reintegro de las subvenciones concedidas". El plazo acabó a los cuatro años, considera el juzgado.  Esta semana periódico de mayor audiencia de la Comunitat recuperaba en portada como gran noticia del día el asunto, subrayan desde el PP.

Para los populares de la Pobla Llarga,  esta cuestión es "una vendetta personal orquestada por parte del PSPV del municipio que ha utilizado a un medio de comunicación que tiene relación con el ex presidente de la diputación provincial Jorge Rodríguez, detenido e imputado por presunta corrupción". 

Además, los populares de La Pobla Llarga apuntan que la fecha de la denuncia judicial sobre las subvenciones para el equipamiento del teatro "coincide, por cierto, con las fechas en que Rafael Soler hizo la denuncia a la Fiscalía sobre la empresa Divalterra de la diputación" y apostillan que la actual alcaldesa del municipio, Neus Garrigues, "parece que está siguiendo la voz de su amo" porque desde que gobierna en el Ayuntamiento -año 2015- "el tema del equipamiento del teatro Monterrey  ya ha salido 5 veces en la prensa".

El PP de la Pobla Llarga argumenta también en su escrito que "la primera partida de butacas está en el Ayuntamiento, que la segunda partida de la subvención (400 sillas) y la adecuación del escenario, correspondiente al tercer contrato no apareció, por lo que se denunció al proveedor, el cual había muerto y sus herederos habían renunciado a la herencia". "El proceso está en manos del juzgado", dicen los populares, "y la justicia dictará quién es el responsable y aclarará la situación". 

Lo que está claro es que no se puede reclamar ahora el dinero a la Pobla Llarga. El actual equipo de Gobierno municipal está personado en las diligencias abiertas contra el anterior alcalde, Rafael Soler, y quien puediera tener responsabilidad.

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