27 de octubre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Irene Montero "puentea" a Carmen Calvo con el aborto y desafía su autoridad

Irene Montero, Carmen Calvo y Meritxell Batet.

Irene Montero, Carmen Calvo y Meritxell Batet.

En su afán por desviar -sin éxito- la atención sobre Iglesias, la ministra de Igualdad ideó un plan de emergencia que ha provocado el enfado de la vicepresidenta. Su paciencia está al límite

La reforma de la Ley del aborto que Irene Montero anunció ceremoniosa este miércoles en una comparecencia en el Congreso, para que las adolescentes de 16 y 17 años no necesiten consentimiento paterno para abortar (una condición que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó en 2015), ha desatado un nuevo vendaval en el Gobierno, otro más. Especialmente con la vicepresidenta primera. 

Carmen Calvo desconocía las intenciones de la ministra de Igualdad, que soltó lo que a todas luces parece una bomba de humo para tapar el mazazo del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a Pablo Iglesias, elevando una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le impute.

 

Por el camino, Montero ha comprometido a todo el Ejecutivo, y especialmente a su número dos. Calvo actualizó hace un mes con todos los ministros el Plan Anual Normativo 2020, en el que cada Ministerio pone negro sobre blanco su agenda legislativa en lo que se refiere a leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos ley. 

Montero fijó en tres los objetivos de su Ministerio para este arranque del curso: la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la llamada ley del solo sí es sí; la Ley Orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales; y un real decreto para modificar los criterios y cuantías de las ayudas a las víctimas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

De la reforma de la Ley del aborto, ni rastro. El Plan Anual Normativo 2020, coordinado por Calvo, fue aprobado el pasado 8 de septiembre sin una sola mención a algo que este miércoles en sede parlamentaria Montero encuadró en la necesidad de garantizar que "todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpo". Aun siendo menores de edad.

La reforma no entraba - o no entra- en las previsiones a corto plazo del Gobierno.

 

Tampoco figuraba dicha reforma, o al menos no expresamente, en el acuerdo de Gobierno que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias suscribieron al inicio de la legislatura. Éste se limitaba a señalar que el Ejecutivo de coalición favorecería el acceso a "la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el Sistema Nacional de Salud, en el marco la Ley de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010".

Para esa modificación habría que contar además con el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, que ahora no tiene precisamente el aborto libre para las menores de 16 y 17 años entre sus prioridades, en mitad de una pandemia.  

Pero es que además, cada vez que la ministra de Igualdad anuncia un cambio legislativo, los ministros del PSOE se echan a temblar. Y en especial los jueces del Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles

Los tres se llevaron las manos a la cabeza cuando en marzo leyeron el anteproyecto de la ley del solo sí es sí que Montero llevó a la mesa del Consejo de Ministro, por su dudosa calidad jurídica. Castigaba cualquier acto sexual no consentido, también el acoso callejero.

El resultado fue un tira y afloja en el Gobierno que acabó ganando el Ministerio de Justicia. El anteproyecto fue retirado para su reelaboración incluso después de haber pedido a los órganos consultivos del Estado preceptivos que emitieran sus informes. Y Campo ha conseguido meter la pluma hasta el punto de que hace dos semanas los ministerios de Igualdad y Justicia, conjuntamente, emitieron un comunicado anunciando la inminencia de la aprobación del nuevo anteproyecto y declarándose "coproponentes" del mismo.

Montero quiso además añadir más voltaje ideológico a un curso político marcado por leyes como la de Memoria Democrática y la de la eutanasia (ambas en tramitación). O como la llama el Ejecutivo eufemísticamente: de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. 

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