Convergencia "paga" con un doble varapalo su desvarío independentista

La aprobación en el Parlamento de Cataluña de la moción sobre la "desconexión" de Cataluña pasa factura a la antigua Convergencia. Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional han acordado este lunes suspender la resolución por la que la semana pasada la cámara catalana dio inicio al proceso de secesión y han dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.

En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara para que, en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas" en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones

A la misma hora que se pronunciaba el TC, la Mesa del Senado decidía no permitir a Convergencia contar con grupo parlamentario propio en la Cámara durante esta legislatura. La decisión ha sido adoptada con el voto en contra de los cuatro miembros del PP en la Mesa, la abstención de los dos del PSOE y el voto a favor del representante del PNV.

El vicepresidente del Senado, el popular Pedro Sanz, ha recordado que el Reglamento requiere diez senadores para formar grupo parlamentario, que pueden quedarse en seis durante el resto de la legislatura. CDC cuenta con cuatro parlamentarios y había recurrido a seis de otras formaciones para intentar formar grupo propio. "Eso más bien parecía un grupo mixto", ha explicado Sanz.

Tener grupo parlamentario propio en el Senado supone contar con grandes ventajas políticas y económicas que, en el caso de Convergencia, podrían plasmarse en la pérdida de una subvención general de más de 260.000 euros al año y la falta de visibilidad en los debates y comisiones parlamentarias.