La suerte judicial del ex presidente Camps depende ahora del presidente Puig

La Fiscalía Anticorrupción no ve delito en la gestión del ex presidente Francisco Camps en la Fórmula 1. La abogacía de la Generalitat tiene ahora la palabra.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en 2014 una querella contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la Fórmula 1 a raíz de las denuncias del PSPV-PSOE- y EUPV. La investigación quedó divida. El juzgado de instrucción número 2 se encargó de analizar adjudicaciones de la empresa pública Circuito del Motor y la compra de la empresa Valmor por parte del Consell. A la titular de instrucción 17  le correspondió determinar si hubieron sobrecostes en el diseño y la construcción del circuito urbano de Valencia en el que se celebraron los premios automovilísticos entre 2008 y 2012.

Archivada hace tiempo una parte, el resto pueden llevar el mismo camino, una vez que el Fiscal Anticorrupción  en sendos informes argumenta que  ha habido delito.

La Abogacía de la Generalitat es en estos momentos la única que mantiene el recurso contra Francisco Camps en el archivo de la causa de Valmor tras de cinco años de instrucción. Tanto el PSOE, que denunció, como la Fiscalía Anticorrupción, que firmó la querella, no mantienen dicha acusación.
La Audiencia Provincial votará si asume el criterio de la jueza y de la propia Fiscalía de cerrar definitivamente la causa contra el que fue jefe del Consell o, por el contrario, devuelve la instrucción de Valmor contra Camps.

En el caso de la construcción del circuito urbano, la titular del Juzgado de Instrucción número 17 firmó un auto en el que sí veía indicios de haberse cometido tipos penales por parte del propio Camps y de una decena de altos cargos y empresarios. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción no solo declina acusar al ex presidente sino que, con una extensa argumentación, solicita  el archivo.
Aquí también la Abogacía de la Generalitat, que ha actuado durante estos meses como acusación, tiene ahora la opción de quedarse como única acusadora del ex jefe del Consell o adherirse al escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Un Director General, que depende directamente de Ximo Puig, es el responsable del funcionamiento  y coordinación de los intereses jurídicos de la Generalitat.

 
Es decir, el presidente en funciones Ximo Puig, cuyo partido ha exprimido argumentos contra el PP y Camps  por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, tiene la última palabra judicial. Tras años de instrucción, miles de documentos e interrogatorios, la Fiscalía Anticorrupción considera  que Camps no ha cometió irregularidad en la gestión de la F-1 ni en lo que respecta a la construcción de la infraestructura. En este sentido, estima que no ha habido perjuicio económico para la Generalitat. Por tanto, descarta el delito de malversación de caudales públicos. 

La cuestión que se plantea ahora es si el presidente Puig está de alguna manera legitimado de "utilizar" los servicios jurídicos de la Generalitat para continuar con los dos procesos. La "independencia" de Abogacía, al menos para el entorno de Camps, está en juego.

Francisco Camps ha mantenido desde el primer momento que la investigación abierta obedecía únicamente a intereses políticos. En sus argumentos de defensa, ha esgrimido que la Abogacía de la Generalitat nunca puso objeción a la celebración de la Fórmula 1, e incluso apoyó en informes y escritos muchas de las actuaciones que se llevaron a cabo.
En el asunto de la construcción del circuito urbano un informe de la Intervención General de la Generalitat que sirve de base al escrito de la Fiscalía Anticorrupción en donde defiende la limpieza del proceso de adjudicaciones y proclama con absoluta contundencia que la construcción de la
infraestructura urbana no ha perjudicado a las arcas públicas autonómicas. El Diario.es publicó ayer que el interventor que realizó dicho documento fue el auditor delegado cuando se hizo el circuito. Con todo, el documento forma parte de otros remitidos al juzgado para avalar que el proceso se realizó conforme a las normas de la administración.

Como antecedente, Puig cuando estaba en la oposición y en calidad de diputado recurrió  el fallo del asunto de los trajes del que salió absuelto Camps.

 



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