Illa propone a las comunidades crear una comisión que evalúe qué hay que evaluar

El Gobierno continúa posponiendo el momento de hacer una auditoría independiente que permita saber qué ha fallado en su gestión de la crisis del coronavirus, como viene reclamando la comunidad científica cada vez con más insistencia. 

No es plato de gusto para un Ejecutivo que, como ha venido publicando ESdiario desde hace medio año, desoyó todas las señales de alerta de los organismos internacionales y nacionales en la primera oleada y en esta segunda se ha vuelto a encaramar a la cresta sin que ni siquiera la OMS se explique qué está pasando. 

Con todo, el ministro de Sanidad todavía quiere ganar un poco más de tiempo, pese a que el pasado jueves se comprometió ante reputados científicos españoles a acelerar esa evaluación. Lo cual ya supuso un cambio, puesto que hasta entonces Salvador Illa había despejado el balón con un "ahora no toca". 

En la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que este miércoles mantendrán el ministro y los consejeros del ramo, Illa va a proponer a sus interlocutores crear una comisión o grupo de trabajo que evalúe qué es lo que deberá evaluarse en el futuro, en el seno de esa futurible comisión de evaluación. Parece un trabalenguas.  

La número dos de Illa tutelará el grupo de trabajo que ha de decidir qué alfombras se pueden levantar y cuáles no

La propuesta del titular de Sanidad, en definitiva, se resume en que sean los políticos los que decidan qué alfombras hay que levantar y cuáles no; qué ventanas hay que abrir y cuáles no. Cómo de lejos -o de cerca- ha de llegar la auditoría. De forma que nacerá, cuando nazca y si es que nace, ya con los límites marcados. 

Illa quiere que el grupo de trabajo lo dirija su número dos y secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Ella forma parte del comité de seguimiento del coronavirus que semanalmente despacha con Pedro Sánchez e hizo las veces de Fernando Simón cuando éste se tomó unos días de vacaciones. 

El comité de seguimiento, con Silvia Calzón en primer término.

El ministro propone que cada comunidad o ciudad autónoma tenga un representante que, a su vez, podrá estar acompañado por técnicos en las sesiones de trabajo. Se supone que en el plazo de un mes desde su aprobación, el grupo debería enviar a la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta para que sea votada. 

A partir de ahí, como pronto el 7 de noviembre (siempre y cuando la idea de Illa se apruebe este miércoles), podrían empezar a definirse los nombres y el calendario de trabajo de esa comisión de evaluación independiente. Con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez se aseguraría que no hubiera un informe de conclusiones antes de que acabe el año. 

Al Gobierno le incomodan las quejas cada vez más ostensibles y persistentes de la comunidad científica

Así que parece un paso al frente del Ejecutivo en aras de la transparencia, pero en realidad no lo es tanto. Lo que ocurre es que en Moncloa incomodan las quejas cada más ostensibles de los científicos, hartos de que los criterios políticos primen más que los científicos. 

Así lo ponen de relieve 55 sociedades científicas españolas (en representación de 170.000 profesionales) en un manifiesto difundido este domingo y titulado En salud, ustedes mandan, pero no saben. En él se quejan del "continuo enfrentamiento político".

"En nombre de más de 47 millones de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana. Las sociedades científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros conocimientos", subrayan.

Por el momento el Gobierno ha conseguido parar todos los golpes. El PP ha intentado promover una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la crisis sanitaria, pero el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la Mesa de la Cámara y han colocado una barrera infranqueable. 

Judicialmente, y en lo que se refiere a la vía penal, de momento la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto en bloque a la veintena de querellas presentadas contra Sánchez, Illa, Simón y otros miembros del Ejecutivo por diversos delitos. Queda aún que se pronuncie sobre las demandas. Y, aunque la opinión del Ministerio Fiscal no es decisiva, sí tiene peso. 

Además, el presidente tampoco ha depurado ninguna responsabilidad. El coronavirus se ha cobrado varios ministros de Sanidad en todo el mundo -República Checa, Chile, Brasil, Nueva Zelanda, Rumanía, Holanda...-, pero en España el Gobierno ha potenciado la imagen de Illa, hasta el punto de coquetear con la idea de ponerlo como candidato del PSC en las elecciones catalanas. Y Simón también tiene todo el apoyo de Sánchez, que se encarga de recordarlo recurrentemente.