El hachazo de Sánchez a trabajadores y pymes ya tiene cifras: una subida brutal

El Gobierno necesita dinero como sea para cumplir sus anuncios más populistas. Y lo quiere sacar del único lugar posible: subiendo los impuestos, vía cotizaciones, a pymes y a los trabajadores, a lo que hay que añadir el más que previsible aumento de la mensualidad de los autónomos fruto de la subida previa del SMI, decisiva parea calcular su cuota.

Aunque estas medidas económicas son siempre un laberinto de tecnicismos de difícil comprensión, pueden resumirse en pocas palabras así: las empresas españolas verán aumentar el impuesto por contratar a sus empleados -que ya es el segundo entre los grandes de Europa tras Francia-; y éstos lo sufrirán a su vez de dos maneras. Un palo monumental.

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Los que ingresen más verán creces su base de cotización, pero esto repercutirá a su vez en los salarios más bajos de manera indirecta pero clara: la mayor presión fiscal en sus empleadores y las previsibles quejas de los asalariados de mayor cualificación puede redundar en las retribuciones más modestas.

Ése es el espíritu. La letra la puso de manera inesperada el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, en una comparecencia en el Congreso que desveló los planes de Sánchez para intentar sufragar sus promesas y, a la vez, no disparar demasiado el déficit, que en España es también el peor de entre los países grandes de la Unión Europea.

Hachazo histórico

El hachazo fiscal es histórico: Gobierno prevé subir entre el 10% y el 12% la base máxima de cotización de los salarios en el año 2019, con lo que prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones adicionales y no pasarse del 1.8% de déficit previsto.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

En la actualidad la base máxima de cotización para un asalariados está situada en 3.803,70 euros, y la mínima en 858,6 euros, por lo que una subida del 10% elevaría la base máxima en 380,3 euros, hasta el entorno de 4.184 euros, mientras que si se eleva un 12%, supondría 456,4 euros más, hasta los 4.260 millones de euros.

Con esta medida, el Ejecutivo prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales, según ha explicado Escrivá, lo que, según cálculos del organismo, permitiría elevar los ingresos para 2019 a una franja de entre 6.078 y 7.698 millones de euros.

Sin esta medida, no recogida en el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la AIReF ve sobrestimados los ingresos previstos por el Ejecutivo, al calcular una recaudación de entre 5.078 y 6.598 millones de euros, frente a los 7.178 millones de euros que prevé el Gobierno.

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Por el lado de los gastos, cree que las partidas recogidas en el plan presupuestario serán 300 millones más de lo previsto por el Gobierno (2.525 millones), por lo que se situarán en 2.886 millones, principalmente porque el organismo cree que habrá un impacto de 300 millones por la supresión del copago, mientras que el Ejecutivo no calcula efecto económico alguno.

Además, ha calculado que la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) prevista por el plan presupuestario, hasta 900 euros al mes, tendrá un impacto negativo de 40.000 puestos de trabajo en la creación de empleo y conllevará un impacto de una décima en el consumo y en el PIB, si bien supondrá un aumento adicional de la renta disponible de 1.750 millones de euros.

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Así, tras analizar el plan presupuestario presentado por el Gobierno, la AIReF ve "factible" cumplir el objetivo de déficit del 1,8% previsto por el Gobierno para 2019, con un 45% de probabilidad, que se eleva al 48% si se añaden medidas adicionales acreditadas posteriormente a la presentación del plan, aunque advierte de que se cumpliría "sin muchos márgenes en el proceso de ejecución presupuestaria".

El palo está en marcha, en un país con el paro aún en cifras disparadas y un sector empresarial básicamente compuesto por pequeñas empresas con dificultades de acceso al crédito y una presión fiscal, entre cotizaciones e impuesto de sociedades, a la cabeza de Europa: hasta cinco puntos más de carga impositiva soportan con respecto a la media europea. Una pyme española paga en torno a un 25% de cotizaciones por cada uno de sus empleados; una alemana no llega al 17%.