19 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El PSOE usa la reforma laboral del PP para despedir plantilla e indemnizar menos

Pedro Sánchez junto a Carmen Calvo y Beatriz Corredor.

Pedro Sánchez junto a Carmen Calvo y Beatriz Corredor.

La Fundación Pablo Iglesias pretendía indemnizar a un despedido con 36 años de antigüedad únicamente con 20 días por año trabajado, agarrándose a la legislación que Sánchez promete derogar.

El PSOE ha pretendido utilizar la reforma laboral de Mariano Rajoy para despedir a un trabajador del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, una entidad presidida por la exministra Beatriz Corredor, y para trasladar a otra de su puesto de trabajo. Además, con fecha 1 de enero la Fundación rescindió el contrato mercantil que tenía con dos extrabajadores que anteriormente habían sido plantilla pero que actualmente venían desempeñando labores de asesoría.

Ello a pesar de que Pedro Sánchez no solo siempre ha criticado el marco laboral que creó el PP, sino que además en su acuerdo de Gobierno con Pablo Iglesias figura una derogación parcial de la reforma laboral. De lo que los socialistas llaman sus "aspectos más lesivos". 

"Si lo hace un partido político como éste, cómo no lo va a hacer una empresas", denuncian a ESdiario fuentes cercanas a los trabajadores, quienes se malician que la intención última es cerrar el Archivo y hasta la Fundación, a la que definen como un "símbolo" del PSOE

El conflicto laboral en el Archivo, ubicado en Alcalá de Henares, ha acabado en los tribunales, donde este martes se verán las caras una empleada a la que la Fundación quiso trasladar desde Alcalá a las oficinas de Madrid, N. Yagüe, y los representantes legales de la Fundación.

Actualmente ella se encuentra de baja por la situación de estrés vivida. "Mucho habla Corredor de feminismo y trata a las mujeres fatal", señalan las mismas fuentes, quienes acusan a la exministra de hacer la vida imposible a la plantilla.

En paralelo, la entidad ha evitado el juicio con otro empleado al que había despedido, J. M. Balsera, al lograr in extremis un trato con él el pasado viernes en un acto de conciliación. Y porque él, según sus cercanos, no quería hacer daño al partido. 

Balsera tenía una antigüedad de 36 años en la plantilla del Archivo y el PSOE quería indemnizarle con 20 días por año trabajado, en estricto cumplimiento de la legalidad heredada del Gobierno de Rajoy y aduciendo que se trataba de un despido por causas objetivas. No obstante, en el acto de conciliación, y para evitar ir a juicio y la polémica, la Fundación acordó con él una indemnización algo mayor. En ningún caso los 45 días por año trabajado, no obstante. 

Desde la Fundación señalan a este periódico que ha habido un único despido, que los otros tres afectados son dos colaboradores a los que no se les ha renovado el contrato y una trabajadora a la que querían trasladar de oficinas y no ha accedido. 

Y argumentan que era oportuno ceñirse a la legalidad vigente, la del PP. "Obviamente de primeras se indemnizó con lo que marca el Estatuto de los Trabajadores", reconocen las mismas fuentes. Ni más, ni menos. Cabe recordar que Sánchez ha prometido impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en esta legislatura para proteger sus derechos.

A finales de noviembre, la presidenta de la Fundación, Beatriz Corredor, reunió a los trabajadores para ponerles al tanto de la mala situación económica del Archivo. A partir de ahí vino la criba. Desde el entorno de la plantilla acusan a Corredor y al resto de la dirección de la Fundación de haberse despreocupado de buscar otras fuentes de financiación aparte del dinero transferido desde las arcas del PSOE. "La han dejado morir, se la han cargado", se quejan.  

Según la memoria económica de la Fundación Pablo Iglesias del ejercicio 2018, la última disponible, la Fundación acabó el año con unas pérdidas de 444.584 euros. Su talón de Aquiles es que depende casi por completo de las subvenciones. De los 290.827 euros que ingresó por actividad propia en 2018, 260.827 euros fueron de subvenciones y donaciones. Y de ellos, a su vez, 214.981 euros fueron ayudas directas de Ferraz. 

Los trabajadores temen que los despidos hayan empezado por el Archivo pero el virus se extienda al resto de la Fundación, que no anda nada boyante. No obstante desde la Fundación, donde actualmente trabajan once personas, aseguran que no habrá más despidos.

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