España no puede ser más dura con el Rey Juan Carlos que con Otegi y Junqueras

No parece casual que la posible regularización fiscal de don Juan Carlos se dé a conocer el día de la Constitución, aprovechado por la parte del Gobierno dirigida por Podemos para recrudecer su archiconocida campaña antimonárquica y reclamar su maniqueo, irresponsable e inconstitucional "horizonte republicano".

Sobre esto, conviene recalcar algo: nos hemos acostumbrado ya a algo tan inaceptable como que todo un Vicepresidente lance arengas contra el sistema político consagrado en la misma Carta Magna que protege su cargo, como si en el derecho a expresarse libremente estuviera incluida la opción de atentar contra los pilares del Estado. Y no lo está: eso, en un país normal, sería causa inmediata de exclusión del Ejecutivo.

Que los problemas fiscales del Rey Emérito son utilizados, cuando no difundidos, para agravar la crisis institucional promovida por todos los socios de Pedro Sánchez, más crecidos que nunca por la indigna dependencia que el presidente tiene de todos ellos, cada día mayor y más inquietante.

Los problemas del Rey Emérito reclaman disculpas, pero no dan para la impúdica campaña contra la Corona

Pero que existen, también parece cierto. Y no es desde luego presentable que el primer de los españoles haya sido, de algún modo, el último de los contribuyentes: si alguien tiene unas obligaciones especiales, más allá de que sus comportamientos sean o no legales, es el Jefe de Estado, símbolo y ejemplo del conjunto de los españoles.

El Rey Juan Carlos intenta pactar con Hacienda para regresar ya a España

Las disculpas que don Juan Carlos deberá presentar cuando culmine su previsible pacto con la Agencia Tributaria, perfectamente legal en un país que nunca debería enfocar los problemas fiscales desde la óptica penal; han de ser suficientes y creíbles para cerrar este episodio de la manera más digna.

Y desde luego para volver a España. No puede ser que dirigentes en la cárcel por sedición o condenados por terrorismo, caso de Junqueras y Otegi, sean indultados de facto por Sánchez y convertidos en referencia decisiva del país; y que a un Rey clave en el mayor progreso de España en siglos se le condene anticipadamente, se le obligue al exilio y se le juzgue con la dureza que no se tiene ya, ni siquiera, con etarras con delitos de sangre retornados a sus pueblos entre homenajes públicos.