El papelón de la juez de los EREs enoja a los investigadores de la Guardia Civil

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no da crédito a lo que está sucediendo con los EREs, como así se lo hizo saber por escrito hace dos semanas a la juez María Núñez Bolaños, la sucesora de Mercedes Alaya. Tantas horas, días, semanas, meses y años de investigación para esto. 

Superados los cinco años de instrucción del macrocaso y sin fecha para la apertura de juicio oral, continúa el reguero de benefactores de las ayudas fraudulentas que están quedando impunes porque los delitos que presuntamente cometieron han prescrito.

Ya son 16 después del archivo de la causa contra el alcalde de Santiponce (Sevilla), José López González (IU), y contra otras tres personas, una ya fallecida. En los todos los casos se repite el guión: han transcurrido más de diez años desde que se concedieron las ayudas.

A mediados de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla decretó la prescripción de los 12 primeros casos, 12 empresarios amigos del PSOE que habían defraudado 150 millones de euros. Ya no es solo que no vayan a pagar judicialmente por lo que han hecho, sino que tampoco devolverán nunca el dinero que obtuvieron de forma ilícita de las arcas andaluzas.

La lentitud de la instrucción desde que Alaya abandonó la causa -para descanso del PSOE- es el motivo principal de lo que está y va a seguir sucediendo. Mal que le pese a la Guardia Civil, que el pasado 15 de marzo envió un oficio a la magistrada Núñez Bolaños avisando de que estas prescripciones pueden afectar a otros atestados que están preparando.

Lo cierto es que desde que se fue Alaya no han dejado de producirse cosas extrañas en el caso de los EREs. Como que el juez que ayuda a Núñez Bolaños, Álvaro Martín, comunicara a las partes con tres días de retraso la providencia en la que llamaba a declarar en calidad de investigados (antes imputados) a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán el miércoles 16 de marzo.

El escrito, como contó este periódico, estaba firmado el viernes 4 de marzo, día de la votación definitiva para la investidura de Pedro Sánchez; pero quedó guardado en un cajón hasta el lunes 7, por suerte -demasiada- para el candidato socialista.