Sánchez e Iglesias convierten a su Gobierno de coalición en el más opaco

El episodio del comité de expertos es solo la punta del iceberg del tira y afloja cada vez mayor que se traen el Ejecutivo de coalición y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo independiente que preside desde octubre por el profesor de Derecho Constitucional José Luis Rodríguez Álvarez. 

A finales de noviembre, Transparencia dio al Ministerio de Sanidad un plazo de diez días para que publicara la lista de expertos que decidieron los cambios de fase de las comunidades en la desescalada. El tiempo ha pasado y el departamento de Salvador Illa sigue dando largas, aunque el miércoles el ministro insistió: "Vamos a dar cumplimiento a todas las resoluciones del Consejo de Transparencia a la mayor brevedad posible". 

Varapalo a Illa y Simón: Transparencia les ordena difundir ya los nombres de sus expertos

Pero lo cierto es que en este 2020 Pedro Sánchez ha gobernado más tiempo con España sumida en estado de alarma que en una situación de normalidad constitucional, y la opacidad del Ejecutivo de coalición ha ido in crescendo.

Desde que existe el Consejo de Transparencia, nunca antes un Gobierno había desoído tanto y tantas veces las resoluciones del órgano que ha de obligar a las administraciones a abrir sus ventanas y a levantar las alfombras del poder. Nunca antes un Gobierno había sido tan opaco.

De las 192 resoluciones que Transparencia dictó en los diez primeros meses del año (últimos datos disponibles) obligando a la Presidencia del Gobierno o a cualquiera de los ministerios a facilitar información requerida por los ciudadanos, solo 116 fueron atendidas. Ello supone el 60,4%. Cuatro de cada diez veces, el Ejecutivo mira para otro lado. 

Durante el segundo mandato de Mariano Rajoy, el presidente que impulsó el Consejo de Transparencia, el cumplimiento de sus resoluciones por parte del Gobierno del PP fue del 87,9% en 2015, el 85,6% en 2016 y el 83,9% en 2017. El año 2018 fue el de la moción de censura y el primero íntegro de Sánchez en La Moncloa, 2019, la transparencia ya empezó a verse resentida, como muestra este gráfico. Y entonces no había estado de alarma.  

Gráfico elaborado por el Consejo de Transparencia y buen Gobierno. 

Solo en este mes de noviembre, el Consejo ha tenido que intervenir en 56 ocasiones para apercibir a diferentes ministerios y a la Presidencia del Gobierno por dar la callada por respuesta o información insuficiente (en el mejor de los casos) ante reclamaciones que han de ser atendidas. 

Una es el ultimátum a Sanidad para que dé los nombres del comité de expertos, pero hay más. Entre ella, ésta dirigida a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en la que Transparencia le da diez días hábiles para remitir copia de los informes técnicos entregados al presidente Sánchez en relación a las polémicas manifestaciones del 8 de marzo: 

Y también otra en la que Transparencia insta a Interior a que en diez días hábiles explique por qué destituyó al responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía que alertó de la pandemia, José Antonio Nieto.

A mayores, solo en lo que va de año el Ejecutivo de coalición se ha acogido 180 veces a las excepciones previstas en la Ley de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno para negarse a dar información. 

Ya fuera invocando riesgos para la seguridad nacional; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Entre otros supuestos recogidos en su artículo 14. 

El Ministerio del Interior es uno de los más opacos, por más que a principios de noviembre Fernando Grande-Marlaska proclamara: "No hay nada más transparente que publicar en el BOE lo que el Gobierno acuerda, y lo acuerda no con una función de fiscalización ni tampoco de limitación de ningún derecho fundamental, y menos de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho al a información".

Interior se ha negado a dar información por los cauces oficiales sobre el dispositivo de seguridad en el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero, la escolta y los gastos del Rey Juan Carlos desde su marcha a Emiratos Árabes Unidos, las repatriaciones de inmigrantes llegados a España tras la primera ola del coronavirus y la presencia de Delcy Rodríguez (vicepresidenta de Venezuela) en el aeropuerto de Barajas, entre otras cuestiones. 

Sanidad no le va a la zaga. En estos meses el departamento de Illa se ha convertido en un experto en el arte del escapismo. Bien fuera con el comité de expertos, con los informes sanitarios que ha manejado el Ejecutivo desde el comienzo de la pandemia o con diversas compras de material.