Un periodista deja por los suelos la confesión forzada de Doña Pilar de Borbón

La infanta Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, ha admitido haber sido titular junto con su marido de una sociedad en Panamá entre 1974 y 2014, pero ha afirmado también que la firma nunca tuvo ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales" ni incumplió "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".

Tres días ha tardado la tía del monarca en dar explicaciones al respecto. Unas explicaciones en las que no ha aportado ningún documento y que se han realizado después de que Zarzuela se desvinculara de ella al divulgarse la cuestión. Este cambio contrasta con la actitud anterior, ya que los miembros de los medios españoles que lideran la exclusiva y el colectivo de periodistas de investigación no consiguieron respuesta alguna a las preguntas antes de su publicación, como ha resaltado uno de ellos

Doña Pilar del Borbón confiesa https://t.co/VkclbBejvz Le mandé cartas y llamé por tel desde el 26feb16. Declinó contestar. #PanamaPapers

— Marcos García Rey (@garcirrey) 6 de abril de 2016

Según afirma en un comunicado, la empresa se disolvió al no contar con recursos suficientes "ni expectativas" que justificaran su mantenimiento y cualquier "otra interpretación" es "sencillamente errónea". La disolución tuvo lugar cinco días después de la proclamación de Felipe VI como Rey tras cuarenta años de existencia. 

En el texto, la infanta explica los motivos por los que su marido, Luis Gómez-Acebo, decidió tener de una sociedad radicada en Panamá "para desarrollar su actividad profesional fuera de España" y a cuya titularidad se sumó ella. Y concluye afirmando que nunca se incumplió ninguna norma fiscal ni hubo "voluntad de ocultación alguna", como a su juicio lo demuestra el hecho de que no se situara a terceras personas al frente de la misma.

La Infanta se negó a contestar a los periodistas antes de la publicación de los daos de su sociedad.

La empresa había sido creada en 1969 y era propiedad de Aleko Papamarkou, "conocido empresario y amigo personal de mi marido", relata la infanta en el escrito. Afirma que en agosto de 1974, su marido se planteó iniciar "actividades profesionales" lejos de España a raíz de que ETA intentara su secuestro y el de Don Juan, padre de Pilar de Borbón.

Para ello, Papamarkou "cedió" a Luis Gómez-Acebo la titularidad de esa sociedad, a la que se sumó la infanta por "razones de seguridad personal y ante la gravedad de posibles eventualidades, en aquel momento y, por desgracia, nada descartables".

Pilar de Borbón continúa su relato asegurando que su marido desarrolló en los diez años siguientes "distintos proyectos profesionales", aunque "la grave recesión" de la economía en esos años "afecto de manera negativa tanto a las expectativas de éxito como a los resultados obtenidos".

Luis Gómez-Acebo mantuvo esa actividad hasta que se le detectó un cáncer en 1984, una enfermedad que fue avanzando y le produjo "sucesivas recaídas que acabarían con su vida en 1991". La lucha contra la enfermedad fue en esos años la "prioridad", añade la infanta, y la citada sociedad en Panamá "no desarrolló" proyectos.

El "misterio" de su disolución

Después, la empresa se disolvió, aunque Pilar de Borbón no cita la fecha en el comunicado. Según los llamados papeles de Panamá filtrados y difundidos en España tanto por La Sexta como por El Confidencial, esta disolución tuvo lugar cinco días después de la proclamación de Felipe VI como Rey de España, en junio de 2014.

La disolución de la sociedad coincidiendo con el ascenso al Trono de su sobrino fue una casualidad

Lo que dice al respecto la infanta es que en la decisión de disolver la sociedad no medió ninguna "circunstancia ajena" a su propia voluntad de hacerlo. Afirma que no contaba con "recursos suficientes" ni "expectativas que justificasen" su mantenimiento y que "cualquier otra interpretación" es "sencillamente errónea".

En todo el tiempo que estuvo activa esta empresa, Pilar de Borbón asegura que "nunca" tuvo "ingresos fuera del control de las autoridades fiscales correspondientes" ni incumplió "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".