Vox reprocha el gasto de más de 700.000€ en Igualdad, Inmigración y Cooperación

El Grupo Municipal VOX (GMV) en el Ayuntamiento de Alicante se ha mostrado muy crítico con “las últimas maniobras del gobierno del popular Luís Barcala" por el considerable aumento del gasto público en las áreas de Igualdad, Inmigración y Cooperación Internacional, que dirige la Concejal María Conejero, de Ciudadanos. Así lo ha manifestado el portavoz del GMV, Mario Ortolá, quien se lamenta de que el bipartito no haya cumplido su compromiso electoral de reducir algunas de esas partidas.

Según el concejal de Vox “Barcala está traicionando a los alicantinos, ejecutando en Alicante el giro cobarde y ‘buenista’ de su partido a nivel nacional”. Ortolá señala que “estamos asistiendo con vergüenza a cómo se están dilapidando cientos de miles de euros de todos los alicantinos en políticas inservibles para la mejora de la situación de familias y pequeños negocios de la ciudad que están sufriendo, y vemos cómo se sitúan al borde de un abismo cuyo fondo desgraciadamente no hemos visto todavía”.

El dirigente local de Vox ha insistido en que “el Sr. Alcalde debe pasear poco por Alicante, porque lo que cualquier vecino puede ver son cientos de carteles de «se traspasa», o «se vende o se alquila» local”.

Primero los alicantinos

Ortolá reprocha que desde el Ayuntamiento de Alicante se dediquen partidas a materias que no son de primera necesidad para los alicantinos, y manifiesta que “debe ser moralmente obligatorio para cualquier alcalde el destinar hasta el último céntimo de los impuestos de los alicantinos a ayudar a aquellas personas trabajadoras que están poniendo toda la carne en el asador para salvar el pan de sus familias”.

Mario Ortolá destaca que “Barcala se ha vestido de candidato socialista y -en los peores momentos de la economía alicantina- ha destinado más de 250.000€ al programa PANGEA (asesoramiento a inmigrantes); más de 150.000€ a ONGs de ‘integración’ a inmigrantes; más de 170.000€ a programas de Cooperación Internacional a través de ONGs que no van a ayudar en nada a los alicantinos; más de 150.000€ a asesoramiento jurídico en materia de violencia de género (cuando eso ya lo hacen los Juzgados y Tribunales, la Fiscalia, el Colegio de Abogados, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local). En total son 720.000€ que según el portavoz de Vox “podrían destinarse a la emergencia social que sufren los alicantinos”.

Además, Ortolá critica el aumento en más de 250.000€ al año en el gasto en asesores políticos del gobierno municipal del bipartito, formado por PP y Cs.

Desde VOX instan a Luis Barcala a que “se deje de juegos progres, que deje de malgastar el dinero de los alicantinos en cubrir la cuota de ‘buenismo suicida’ para la sociedad española y, sobre todo, que deje de subvencionar inmigración y empiece a pensar en nuestras familias, en nuestros barrios y en nuestros negocios”, ha señalado Ortolá.

Competencia desleal y duplicidad de servicios

El portavoz municipal de Vox señala que el bipartito ha contratado los servicios de asesoramiento en materia de violencia de género a una UTE formada por 5 abogadas del colectivo de mujeres abogadas del Colegio de Abogadas de Alicante -ICALI-. Ortolá pone en duda la transparencia de ese contrato, y señala que “vamos a pedir información sobre en qué consistieron o qué actividades se han hecho durante el 2018 y 2019 en base a ese contrato y por qué se ha suscrito de nuevo un convenio para 2020”.

Una de las exigencias de Vox para su respaldo a los Presupuestos Municipales de 2020 –que se aprobaron el 30 de marzo en el primer pleno telemático de la historia- es que se rebajasen las cuantías destinadas a Inmigración, Cooperación e Igualdad, y no se contratase a esta UTE ni los servicios que ofrece, al entender que ya los ofrecen otras instituciones públicas y privadas. Ortolá ha desvelado que finalmente el Ayuntamiento suscribió ese contrato a 4 años, por un montante de 150.000€.

El edil de Vox se queja de que “esto roza la competencia desleal para los abogados, porque si hacen un servicio de asesoramiento como lo venden estarían haciendo competencia desleal a los abogados libres que puedan dedicarse a llevar temas de violencia de género, aparte de que es doblar dinero público porque el asesoramiento en asuntos de género ya lo hace la Guardia Civil, la Policía Nacional o el Colegio de Abogados, y el Ayuntamiento no tiene por qué ofrecer ese servicio”.