Puig anula ahora su compromiso estrella con las Víctimas del Metro

El Gobierno valenciano acaba de modificar una ley para anular su compromiso estrella con las víctimas del accidente del metro en el que murieron 46 personas.

El gobierno valenciano que preside Ximo Puig ha dejado en papel mojado el proyecto estrella con el que el Gobierno del Botànic (PSPV-Compromís) se comprometió con los familiares de las víctimas del accidente de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas. La Ley Valenciana de Seguridad Ferroviaria acaba de ser vaciada de contenido y se hace de tapadillo aprovechando la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2019, publicada en el Día de los Inocentes.

 

La consellera María José Salvador y el presidente Puig se reunieron al inicio del mandato  con la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) para  reparar "la falta de respuesta" de la Generalitat a las víctimas del accidente.  "Vamos  a demostrar que tenemos la capacidad de cumplir lo que dijimos con la asociación de víctimas y tener la mejor ley en materia de seguridad ferroviaria", dijo entonces la titular de Transportes en el Palau de la Generalitat .

El principal objetivo de la ley era la creación de una Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria. Una comisión independiente de técnicos debía velar por su cumplimiento. La consejera se comprometió además a que contaría con una dotación presupuestaria, con medios materiales y humanos, para que sea efectiva.

Nueve meses después, el gobierno ha sido incapaz de crear la Agencia de Seguridad, (el leiv motiv del proyecto), incumpliendo la ley que le marcaba un plazo de tres meses. Pero aún hay más. Ahora, bajo mano, aprovechando la ley de presupuestos, Salvador admite por escrito su fracaso y cambia el espíritu de la ley: "En tanto no quede constituida la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviaria, las funciones atribuidas a la misma en la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de Seguridad Ferroviaria, serán asumidas por la persona titular de la Dirección General competente en materia de Transporte, que podrá recabar para ello el asesoramiento de personal técnico especializado en seguridad de la circulación ferroviaria". O lo que es lo mismo, las competencias y toda la responsabilidad recaen en el ingeniero de caminos Carlos Domingo, pero sin contar con una dotación de técnicos adicional, lo que no deja de ser un mero canto al sol.

Más incumplimientos

Pero no solo se ha anulado de facto la Agencia de la Seguridad, también se ha incumplido la creación la comisión de investigación de accidentes ferroviarios. Y por si fuera poco, nada se ha hecho en el ámbito de los procesos de habilitación del personal ferroviario, en la metodología para la evaluación de riesgos asociados a la operación ferroviaria ni en la obtención de los certificados de seguridad de las entidades ferroviarias.

Los sindicatos sostienen, tras la aprobación de la ley, que existe mayor inseguridad jurídica para los trabajadores de FGV y especialmente para los técnicos que deben "asumir las responsabilidades que los responsables públicos no son capaces".

La decisión del Gobierno coincide con una nueva huelga del metro y tranvía, que está desesperando a los usuarios, y con la sentencia del Tribunal Constitucional que deja en muy mal lugar a los diputados de las Cortes que aprobaron las conclusiones de la comisión de investigación al responsabilizar a los técnicos del accidente. El Constitucional obliga a corregir el dictamen. Un asunto que tendrán novedades en las próximas semanas.

 

 

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