España tiene una deuda con los mayores que no puede saldar con una pelea obscena

La disputa política por ver quién es más responsable de la terrible muerte de al menos 17.700 ancianos en las residencias de toda España ha alcanzado un punto repugnante e irrespetuoso. Es como si a todos, de un partido u otro, los preocupara más intentar dejar claro que la responsabilidad es de otro que las propias muertes y las razones exactas de la tragedia.

Las residencias han sido el ejemplo máximo, del mismo problema de origen en toda la pandemia: de un lado, un virus nuevo desconocido. Y de otro, un contagio masivo fruto de la negligencia y de una imprevisión galopantes, achacables en exclusiva al Gobierno de España.

El COVID se ha cebado con nuestro país por todo ello. Y sus terribles estragos han sido aún más intenso en los colectivos más vulnerables: las personas de 80 años en adelante. El responsable último, si lo quieren buscar, es el mismo que tenga la pandemia en su conjunto: nadie lo es del virus en sí; pero sí de su contención o no.

Lo que se hizo mal desoyendo las advertencias internacionales, los avisos de los expertos y los consejos que sí se daban entre ellos y ahora investiga un juez; es lo que explica las terribles cifras españolas en general y también en los geriátricos en particular.

Ésta es la causa. Y ahora toca analizar en qué se falló en los remedios y cómo mejorarlos. Y ni el ministro de Sanidad ni el de Asuntos Sociales pueden sentirse muy orgullosos: primero por mirar para otro lado antes del 8M, forzando su celebración pese a disponer ya por entonces de información suficiente que lo desaconsejaba.

Y después por no saber qué hacer con el Mando Único ni con las atribuciones que éste les concedía. Pablo Iglesias, aparente delegado de Salvador Illa en este asunto, solo habló una vez de las residencias, en marzo, y para presumir de que lo iba a arreglar todo con 300 millones y el Ejército. Y luego desapareció, impulsando decreto tras decreto para liberarse de la responsabilidad y cargársela a las Comunidades.

Pero tampoco los consejeros autonómicos tienen de qué presumir: aunque la responsabilidad fuera de otro, también es suya. Y ni las vieron venir ni hacen propósito de enmienda, con un poco de pedagogía, de claridad e incluso de humanidad ante un episodio tan trágico e injusto.

Lo que merecen los mayores muertos, y desde luego los vivos, es otra reflexión y un compromiso de todos. Porque hemos descubierto que las residencias, por bien que funcionaran, no estaban preparadas porque nadie se había preocupado de que lo estuvieran: son más hoteles que hospitales, porque eso es lo que ha querido y financiado la Administración.

Ahora hemos descubierto que con esa misión, que el sector desarrolla por lo general de manera razonable, no es suficiente para las personas que nos dieron todo y han recibido muy poco en esta emergencia. Mejoren eso con más presupuesto, unos y otros, en lugar de tirarse a la cara víctimas que no tuvieron lo que merecían cuando lo necesitaban y ahora no se merecen este espectáculo.