22 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El PSOE despista para cubrir a De la Vega: condenada y en el Consejo de Estado

Zapatero y De la Vega, en sus escaños del Gobierno.

Zapatero y De la Vega, en sus escaños del Gobierno.

Condenada por empadronamiento irregular, voto irregular, y escaño irregular. O sea, un auténtico desmán: hoy sin embargo una votante ilegal aconseja al Estado. Para echarse a temblar.

Los portavoces, varios, del PSOE, de Podemos y hasta de Ciudadanos, han denunciado la sola posibilidad de que Federico Trillo, presidente que fue del Congreso y ministro que fue de Defensa, ocupe en el Consejo de Estado la plaza que por oposición le pertenece ¿Cómo va a ocupar un puesto en el Consejo un político al que el propio Consejo criticado con dureza sus actuaciones en la tragedia del Yak 42?, han coincidido en declarar  los tres partidos.

Ninguno de ellos, claro, se ha atrevido, a exigir que Trillo sea despedido de su condición de letrado mayor de la institución porque ello supondría bien que atribuyen al Consejo facultades civiles o incluso penales muy por encima de las consultivas que tiene encomendadas o que, encima, se otorgan a sí mismos como Poder Legislativo las capacidades de inhabilitar a un funcionario de rango superior. Son atolondrados, sectarios también pero no tanto.

No sorprende la triple iniciativa de la oposición, sí desconcierta y pasma que ni el afectado, ni el Gobierno, ni el partido al que, se supone, aún pertenece Trillo, hayan hecho otra cosa en el proceloso asunto que ha desvelado el informe de Fernando Ledesma, que, primero, negar precipitadamente el conocimiento del tal informe perpetrado y parece que difundido por el llamado “nefasto Ledesma” en sus tiempos de ministro de Justicia, y, segundo, reconocer, como lo ha hecho la actual titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, que el Gobierno de entonces, mayo de 2003, erró clamorosamente en el tratamiento de la tragedia y es más, no tuvo con los deudos de los sesenta y tres militares muertos en el accidente, la consideración que éstos merecían. Ni antes de subir al avión, ni después ya esparcidos sus restos en la colina en que se estrelló el Yak. Pero aquí nadie se ha ocupado de la actitud de Ledesma filtrando su propio documento.

Pero el PP, fíjense, podría haber callado de un plumazo a la oposición, o, por lo menos, a ese furibundo portavoz del PSOE que, como Caldera en 2003, exigió la cabeza íntegra de Federico Trillo. También  al grupo de embajadores socialistas más políticamente comprometidos con el PSOE que se pueda recordar, que han exigido a destiempo, la salida de Trillo de Londres. Y es que ¿por qué podrían quedar vergonzantemente callados unos y otros, parlamentarios y diplomáticos con rojo carné? Sencillo: porque en el Consejo de Estado habita con carácter de permanencia absoluta, o sea hasta su fallecimiento, la que fue poderosa vicepresidenta del Gobierno en tiempos de Zapatero, Maria Teresa Fernández de la Vega.

Esta consejera está “condenada” por una acción tan reprobable como votar irregular, ilegalmente. Nada menos que por eso. La historia se remonta a cuando De la Vega, impelida por el propio Zapatero, se presentó como número uno en las listas del PSOE por Valencia, algo que sería perfectamente aceptable si no fuera porque, para hacerlo antes se empadronó en una barraca, en la casa destruida, en las ruinas que sólo habitaban los murciélagos, que su familia nunca había ocupado en la localidad levantina de Beneixida. Un medio de información, la revista Época de entonces, informó sobre  la torticera martingala con un reportaje alusivo que reflejaba gráficamente la inhabilitabilidad del presunto domicilio en cuestión, y el diputado, ahora eurodiputado valenciano del PP, Esteban González Pons, se añadió a la imputación muy poco tiempo más tarde.

Una sentencia decía que De la Vega “sacó provecho económico de la recalificación urbanística propiedad de su familia”. Las costas de ambos procesos las pagamos los contribuyentes, ella no, a ella la trapisonda no le costó un euro

Pues bien: la citada De la Vega interpuso una querella criminal contra el director y la subdirectora de aquella publicación y lo hizo, además, utilizando abusivamente los servicios de la Abogacía del Estado, en una maniobra jurídicamente impresentable, puesto que De la Vega no había sido aludida en función de su cargo en el Gobierno sino en la de mera votante como otros tantos millones de españoles que se tienen que sujetar al censo en el que están inscritos. Querella pues contra la revista y sus directivos y demanda contra González Pons.

Y ambas las perdió: en juzgados de primera Instancia y en las respectivas Audiencias Provinciales, una de las cuales, la de Valencia, llegó a afirmar en el Auto correspondiente que De la Vega “sacó provecho económico de la recalificación urbanística propiedad de su familia en ese municipio”. Las costas de ambos procesos las pagamos los contribuyentes, ella no, a ella la trapisonda no le costó un euro. 

Sentencias y silencio de Zapatero

Con las sentencias en la mano que dilucidaban la trampa electoral de aquella señora, el Gobierno socialista calló como un muerto y no contento con el desdén que supuso el no tomar medida alguna contra la responsable de aquel voto ilegal, procedió a designarla para el cargo que hoy ostenta: consejera permanente de Estado, una bicoca gratuita que en su caso no responde a oposición alguna, sino a la gracia y ventura de su jefe José Luís Rodríguez Zapatero. Aquel voto, aquel empadronamiento fraudulento le hubiera impedido ser elegida parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y es que a empadronamiento irregular, voto irregular, y escaño irregular. O sea, un auténtico desmán: hoy sin embargo una votante ilegal aconseja al Estado. Para echarse a temblar. 

Trillo ya ha vuelto de Londres y en un tiempo trabajará en el caserón del Consejo de Estado de la Calle Mayor de Madrid. No hay quien se lo impida porque cualquier delito que hubiera cometido, sí lo cometió porque cinco sentencias opinaron que no, ya hubiera prescrito. Pero en el pecado lleva la penitencia. Trillo, responsable que fue de los ámbitos de la Justicia en los últimos tiempos del PP como oposición a Zapatero, fue especialmente amable con los dislates jurídicos que, a diario, cometía Zapatero aquel indigente intelectual y su cuadrilla de fanáticos izquierdistas. Bondadoso e inane incluso con los episodios más comprometidos de la supuesta corrupción socalista.  

Trillo creyó así que se ganaba la comprensión y la inmunidad con sus rivales políticos sin darse cuenta de que éstos no perdonan, que se la darían algún día con queso del más duro. Ahora le ha llegado la hora. Clásicamente los ministros del Interior y de Defensa se han respetado unos a otros; el actual al anterior y así sucesivamente. Ahora se ha roto la norma no escrita. Trillo se ha convertido en víctima y en este momento, con dolor, recordará sus buenos tratos, su condescendencia, con su sucesor. Bono le ha atizado en todo el bebe.  

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