23 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El Gobierno confina más a la democracia que al virus

Pedro Sánchez, en el Congreso

Pedro Sánchez, en el Congreso

Si alguien tiene que dar explicaciones detalladas y diarias es Sánchez, tras su fracaso abrumador desde marzo. Y si alguien no puede pedir cheques en blanco sin control, es él también.

 

El Congreso aprueba este jueves el estado de alarma más extraño, prologado y controvertido de toda Europa, que concede a Pedro Sánchez poderes absolutos durante seis meses pero carga el trabajo en las Comunidades Autónomas.

El contraste entre lo que exige -y logra- el Gobierno y lo que ofrece es abrumador: se queda con el mando pero delega la responsabilidad y reduce derechos y libertades fundamentales a la ciudadanía pero esquiva los controles básicos del Parlamento y la Justicia.

Que además lo imponga con sus socios de investidura, en lugar de con el principal partido de la oposición; pero no le importe luego que la gestión la hagan Gobiernos regionales de cualquier color; denota que el afán político está por encima de la diligencia necesaria para atender una emergencia sanitaria que se dio por superada en julio.

Esto último es relevante y no se puede obviar sin más. Porque refrescarlo sirve para dudar, con razón, de todo lo que diga, proponga o imponga un Gobierno que no ha acertado en nada desde marzo. ¿Por qué hay que aceptar, sin más, la virulencia de la "segunda ola" y no vincularla con el negligente descontrol del verano auspiciado por el propio presidente?

Es intolerable que el Gobierno más ineficaz y negligente pida 6 meses de poderes absolutos y encima se borre del trabajo

¿Y por qué hay que asumir, sin pedir al menos explicaciones, un estado de alarma con toque de queda cuando se ha constatado que el confinamiento masivo de primavera no ha servido para frenar la pandemia en España?

El antagonismo entre la magnitud de las decisiones de Sánchez, traumáticas para la salud pública y para la economía, y su nulo resultado; obliga a poner en cuarentena todo lo que haga y diga sin por ello incurrir en ninguna suerte de deslealtad o de temeridad.

 

España necesita protegerse y los españoles han de mejorar su propio cuidado, sin duda. Y la Administración Pública, con el Gobierno al frente y sus homólogos regionales al lado, han de incentivar un conjunto de normas comprensibles que ayuden a la sociedad a lograr ese objetivo.

Pero enmarañar esa obligación, ora con una lucha política, ora con improvisaciones, ora con negligencias y falsedades; siempre fue lamentable y ahora es inadmisible. Si el virus da miedo ya, no ayuda a superarlo o conllevarlo al menos un Gobierno que en marzo se equivocó gravemente y desde entonces se ha dedicado a eliminar la huella de sus estrépitos más que las consecuencias del virus.

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