Europa abochorna otra vez a Sánchez con su mentira para liberar a Junqueras

La excusa del Gobierno para reformar los delitos de sedición y rebelión para amparar a los independentistas catalanes y ganar sus apoyos hace aguas. Bruselas ha vuelto a desmontar la última mentira de Sánchez. La UE jamás ha dicho que tenga que cambiar el Código Penal, por más que el presidente del Gobierno haya insinuado que es así.

De hecho, según informa El Mundo, no ha habido ninguna petición, ni de forma oficial ni informal, de ninguno de los órganos europeos. Ni la Comisión, ni el Consejo de Europa, ni la Eurocámara, ni el Consejo Europeo. Nadie lo ha pedido, asegurando además que esa es una competencia nacional en la que Europa no puede entrar.

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 Sin embargo, el Gobierno siempre ha sostenido o insituado todo lo contrario. Sánchez lo dejó caer en una entrevista en TVE cuando afirmó que algunas sentencias, en referencia a Estrasburgo, "nos han dicho cuáles son los déficits de nuestro Código Penal cuando hablamos de este tipo de delitos", mientras que El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue más explicíto cuando aseveró que esta era una "exigencia europea" y que por tanto habría que llevarla a cabo.

Pero ahora las instituciones, que ya miran con recelo alguna de las propuestas de Sánchez, han querido desmarcarse de este asunto dejando claro que ellos no han pedido nada. Por el contrario, los que sí que lo han hecho son los independentistas que ahora apoyarán los Presupuestos Generales.

De esta manera, Bruselas vuelve a desmarcarse del discurso del Gobierno de España, igual que lo ha hecho en otras ocasiones y se ha mostrado vigilante antes las acciones de Sánchez y sus socios. De hecho, la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ya hizo saltar las alarmas de la UE.

Los avisos de la UE sobre las medidas de Sánchez

La última vez fue el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrcêla, el que envió una misiva al Gobierno en la que avisaba de que la iniciativa dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del CGPJ se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros.

Así, consideró que la propuesta consistente en reemplazar el requisito de una votación del Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos por el de mayoría simple podría "resultar en una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa", y el Gobierno tuvo que echar el freno.

Igualmente, la UE puso el foco en el plan del Gobierno para combatir lo que considera fake news, y que supone la imposición de una verdad oficial, anunciando que estará vigilante ante los intentos de Sánchez de controlar a la prensa para que no suponga una intromisión en los derechos de los ciudadanos.

Pedirá explicaciones al Gobierno por el Delcygate y vigila la Ley Celaá

También, hace menos de un mes, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció que pediría al Gobierno explicaciones por el paso por el aeropuerto de Barajas el pasado enero de la vicepresidenta de Nicolás Maduro que tiene vetada la entrada a la UE, Delcy Rodríguez, y se dirigirá también a la Comisión Europea para que observe también el caso y recabe la información disponible.

Y es que, los avisos a Sánchez son una constante desde las autoridades europeas. Sus presupuestos tampoco gusta en el seno de la UE, considera que son poco creíbles ya que no se ajustan a las previsiones económicas que ellos vaticinan, que serán las peores de Europa, frente al análisis positivo que ha efectuado el Gobierno, al ve el dinero comunitario como tabla de salvación. Y tampoco gusta la Ley Celáa, a la que está "siguiendo de cerca".

Son, en definitiva, toda la batería de medidas y acciones que el Gobierno está poniendo encima de la mesa en las últimas semanas y que están siendo escrutadas con lupa desde Bruselas, para que Sánchez y sus socios no tomen la deriva autoritaria que parece que están tomado, y para que, sobre todo, dejen de poner como excusa a la UE para hacer tratos con sus socios independentistas.