Fin de fiesta para Colau y Guardiola: la Guardia Civil les señala ante el juez

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cruixart, Josep Lluis Trapero… así, hasta más de cien nombres. El informe entregado el pasado 15 de diciembre por la Guardia Civil al juez Pablo Llarena -instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre- recoge en sus 109 folios de extensión y en los anexos decenas de nombres de personas que, en opinión de los agentes, tuvieron algún tipo de participación en los hechos investigados, entre ellos dos nuevos: el del exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tal y como recoge El País.

Así, además de enumerar los diferentes hitos del proceso y el contenido de diversos documentos intervenidos en las pesquisas –como la considerada hoja de ruta Enfocats y la agenda de Josep María Jové, mano derecha de Junqueras que fue detenido el 20 de septiembre-, sus autores incluyen por primera vez como objeto de sus pesquisas la organización de las Diadas y otras movilizaciones independentistas celebradas desde 2013 hasta hoy ya que considera que en las mismas "se inculcó un peligroso germen de sentimiento de rechazo, cuando no odio, hacia el Estado español y las instituciones que lo representan". De hecho, el informe incluye el nombre del entrenador de fútbol Pep Guardiola por haber sido la persona que leyó el manifiesto de una de estas concentraciones, la celebrada el pasado 11 de junio.

Guardiola inculcó un peligroso germen de rechazo, cuando no odio, hacia el Estado español y sus instituciones 

Tal y como recoge la información, también figuran las identidades de los 14 integrantes del Consejo Asesor del Govern que encabezaba el magistrado Carles Viver Pi; los 25 supuestos miembros del bautizado como “comité estratégico” independentista y los 16 del “comité ejecutivo”, en el que los agentes sitúan a todos los exconsejeros del anterior ejecutivo catalán y al que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra, el mayor Josep Lluis Trapero, entre otros. Junto a ellos, los autores del documento policial señalan a varios responsables de la Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -las organizaciones que encabezaron hasta su encarcelamiento Sànchez y Cuixart-, de la AMI, del llamado Pacto Nacional por el Referéndum y de los Comités de Defensa de la República. 

También recoge los nombres de varios alcaldes, entre ellos la de Berga, Montse Venturós, y la de Barcelona, Ada Colau. A esta última la cita en dos ocasiones. En la primera, el informe policial destaca que participó en las actividades lúdicas que se organizaron en el interior de algunos colegios los días previos al 1 de octubre para evitar que los centros fueran cerrados antes de la consulta. Más adelante, por su participación junto a su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en la manifestación que se celebró en la capital catalana el pasado 17 de octubre en protesta por el encarcelamiento de los ‘Jordis’. El documento destaca que en dicho acto “se pudieron oír cánticos de independencia así como ver pancartas con lemas de libertad de los presos políticos”.

Y Trapero

El documento de la Guardia Civil recoge que ya está preparando otros informes para el magistrado sobre aspectos concretos de la investigación. Entre ellos, uno en el que se analiza todas las comunicaciones oficiales registradas entre los agentes de los mossos y sus superiores entre las 14.00 horas del 30 de septiembre y la medianoche del 1 de octubre con la que los responsables de la investigación pretenden "acreditar la inacción" de la policía catalana el día de la consulta ilegal. El texto remitido al juez es especialmente crítico con este cuerpo policial, a cuyo máximo responsable, el mayor Trapero, considera implicado en el plan independentista. En este sentido, critica que los mossos no hubieran "desplegado, activado ni autorizado la actuación de sus unidades antidisturbios" el día del referéndum ilegal y le recuerda al magistrado del Tribunal Supremo que esta actuación es investigada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.