16 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El Supremo vuelve a vapulear a Puigdemont y le recuerda que es un vulgar prófugo

El Supremo vuelve a poner en su sitio a Puigdemont.

El Supremo vuelve a poner en su sitio a Puigdemont.

El alto tribunal confirma la situación de rebeldía del expresidente de la Generalitat y de sus consejeros huidos y ratifica, asimismo, la suspensión para ejercer cargo público.

Ye lleva unos cuantos varapalos judiciales pero este último le deberá resultar especialmente humillante a Carles Puigdemont, pues directamente se le recuerda que no es más que un vulgar prófugo sin derecho a reclamar nada. Y es que el Tribunal Supremo ha confirmado la situación de rebeldía del expresidente de la Generalitat y de sus consejeros huidos, declarada por el juez instructor del 'procés' independentista, Pablo Llarena, hace un año. También ha ratificado la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se acordó la suspensión automática para ejercer cargo público.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha revisado los recursos interpuestos por el expresidente catalán y los consejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín contra los autos de Llarena dictados en julio de 2018 en los que se acordaba ambos supuestos.

En el caso de la declaración de rebeldía, los magistrados entienden que concurren los requisitos legales para adoptar dicha decisión. Además, destacan que los recurrentes han abandonado España desde que conocieron la posibilidad de ser sometidos a un proceso penal, por el que han sido ya juzgados 12 personas por el 'procés' independentista, con la evidente finalidad de situarse fuera del alcance directo de las autoridades españolas.

Asimismo, recuerda el auto que Puigdemont y los otros huidos han manifestado su oposición expresa a ser entregados a éstas cuando se pusieron en marcha las ordenes de detención.

En cuanto a la suspensión de funciones, la Sala explica que se trata de una medida cautelar proporcional a la gravedad de los hechos que se aplicó después de que existiera un auto de procesamiento firme contra ellos por un delito de rebelión.

 

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