El CGPJ presiona para su renovación: no cubrirá las siete vacantes del Supremo

Siete nuevas vacantes en el Supremo. Ése será el balance con el que el Alto Tribunal despida 2021 y que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes, ha decidido no cubrir en el corto plazo. Fuentes próximas a la institución confirman a ESdiario que “no está previsto” que ninguna de ellas se saque a concurso porque “quedarán para el próximo” Consejo.

Los magistrados Antonio Salas y Eduardo Baena abandonan este mes la Sala de lo Civil del Supremo. A sus jubilaciones habrá que sumar las de Jorge Rodríguez Zapata (ex miembro del Constitucional) y Javier Borrego, en la Sala Tercera. En la Cuarta, otras dos más tras el fallecimiento de José Manuel García de la Serrana y una vez que María Luisa Segoviano ha accedido a la Presidencia de la misma; y, por último el vacío creado por Jacobo Barja de Quiroga al ser nombrado presidente de la Sala Quinta.

En 2021, tres magistrados causarán baja una vez cumplida la edad máxima prevista en la ley para el ejercicio activo de la carrera judicial y, salvo que se conforme de nuevo el órgano, pasarán a engrosar la lista de plazas vacantes en el Supremo. El Alto Tribunal está compuesto por el presidente, el vicepresidente y un total de 79 magistrados, entre los que se encuentran los 5 presidentes de Sala.

Lesmes optó en plena pandemia por reactivar los nombramientos de magistrados, sin unanimidad de la Comisión Permanente, para cubrir los vacíos judiciales, ante la absoluta imposibilidad de acuerdo entre PSOE y PP para designar a los vocales que habrán de reemplazar al actual Consejo. Sin embargo, descarta reutilizar una fórmula que provocó una gruesa polémica en las principales asociaciones de la judicatura.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió en aquella ocasión para decidir sobre la reanudación de los nombramientos discrecionales de jueces adoptada por su presidente sin dar publicidad a la misma en el Portal de Transparencia de la institución. Una situación que obligó al propio Lesmes a elevar al total de los miembros del CGPJ las bases del procedimiento por el que decidió cubrir un total de hasta 25 vacantes, en busca de un respaldo mayoritario.

El debate fue intenso y las críticas internas en el propio seno del Consejo muy duras. Varios de los vocales conservadores consideraron que al encontrarse el órgano en funciones, desde diciembre de 2017, ya no estaba legitimado para hacer dichos nombramientos -entre ellos, tres plazas de magistrados para la Sala de lo Penal del Supremo, encargada de juzgar a los políticos aforados, y las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Alto Tribunal.

Los más progresistas, por el contrario, entendían que mientras el órgano estuviese activo, prorrogado o no, debía de seguir haciendo uso de las competencias que le encomienda la ley.

El escenario actual nada tiene que ver con la división de hace unos meses. Según ha podido saber este periódico, la posición única del Consejo pasa por recordar la necesidad de su renovación. Motivo por el que aplazará la convocatoria de plazas y vacantes, en espera de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para reanudar las conversaciones orientadas a la sustitución del órgano de gobierno de los jueces.