13 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La prueba que Trapero quiso quemar: así traicionó a la Policía el 1-O

Una pareja de Mossos agasajados en un colegio electoral del 1-O.

Una pareja de Mossos agasajados en un colegio electoral del 1-O.

Zoido revela la factura del despliegue de la Policía y Guardia Civil: 87 millones de euros. Es el cheque que hay pagar por la "absoluta pasividad" de los Mossos en el referéndum ilegal.

Los graves incidentes que jalonaron el referéndum ilegal del 1-O han regresado este jueves al primer plano de la actualidad con la comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para detallar la actuación de los Mossos, y la de la Policía y la Guardia Civil

Pero además, en las últimas horas, han trascendido nuevos detalles del informe que la Policía ha realizado sobre los documentos que un grupo de policía catalanes trataba de incinerar el pasado 26 de octubre de San Adriá del Bessos, una operación que fue evitada por agentes de la Policía Nacional. Un informe que está sobre la mesa de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, y que podría deparar sorpresas en los próximos días.

Y estas últimas revelaciones no pueden ser más explícitas sobre el papel jugado el 1-O por la cúpula  de los Mossos. En uno de los documentos remitidos por Josep Lluís Trapero a las distintas comisarías se puede leer esta instrucción por escrito: "Recordad que sois la Policía de la Generalitat".

Todo, pese a que en su calidad de Policía Judicial, los agentes catalanes dependían ya entonces del coordinador del Ministerio del Interior, el coronel Pérez de los Cobos, y de la juez del TSJ de Cataluña, Mercedes Armas.

Zoido destapa en el Senado la actitud real de los Mossos: "Absoluta pasividad" y "nula colaboración"

La documentación que los mossos retenidos en San Adriá se disponían a destruir revela el juego sucio de Trapero. Un agente confiesa como las patrullas nocturnas iniciaron su repliegue a sus comisarías, algo insólito en sus turnos, a las cinco y cuarto de la madrugada, justo cuando los independentistas empezaban -en algunos lo habían hecho antes- a tomar los colegios que servirían horas después como centros de votación.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este jueves en el Senado explicando la actuación policial del 1-O.

 

"El relevo que debía empezar el servicio en ese momento, a las seis de la mañana, se retrasó: fue convocado a un briefing de modo que los primeros agentes no hicieron aparición en las escuelas hasta una media hora después.

"Lo que se encontraron fueron los accesos a los centros educativos ya colapsados por ciudadanos con niños y ancianos a modo de escudo humano y a los voluntarios de la ANC y Òmnium esperando a la Policía catalana incluso con claveles, porque ya sabían de sobra que les iban a dejar votar", declaró un mosso a los agentes de la Comisaría de Información de la Policía, según aporta este jueves ABC.

Por último, entre la documentación incautada a los agentes enviados por Trapero a la incineradora  se encuentra otra prueba demoledora sobre la "traición" de los mossos a sus compañeros de la Policía y Guardia Civil.

Una instrucción remitida al Centro de Coordinación (Cecor) de los Mossos insta así a sus agentes a espiar a los miembros de las FSE: "Se transmite a todo el territorio que Cecor solicita que en caso de localizar vehículos y efectivos de CNP y Guardia Civil efectuando movimientos se informe a través del chat"

Zoido sentencia: "nula colaboración"

Así ha sentenciado Zoido en el Senado el papel de la policía catalana. La actitud de los mossos el 1-0 fue de "absoluta pasividad" y "nula colaboración" ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Según el ministro, se ha podido además constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas "una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías". También ha lamentado "como el que más" los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.

Por cierto que, según ha desvelado Zoido, la presencia de los efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. 

 

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