19 de agosto de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El Supremo halla la vía para acabar con los cabecillas del 1-O de urgencia

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

La medida que prepara el alto tribunal dejaría inhabilitados a todos los responsables del procés antes de que se celebraran unas hipotéticas nuevas elecciones si Puigdemont se enroca.

Mientras el Parlament se encuentra en stand by tras la decisión de su presidente de suspender el pleno de investidura de Carles Puigdemont pero no proponer a otro candidato, en el Tribunal Supremo se acelera la causa contra los principales ideólogos y ejecutores del procés. El magistrado Pablo Llarena prepara a sus funcionarios y a la partes para un febrero frenético de diligencias con la intención de dejar el sumario listo para principios del mes de marzo.

Según fuentes jurídicas consultadas por ESdiario, Llarena trabaja con un triple objetivo: terminar de cerrar las declaraciones colaterales al 1-O, acabar de recopilar las pruebas documentales y culminar la testifical con una nueva y decisiva ronda de interrogatorios con los que cerrar la pieza del 1-O por rebelión, sedición y malversación.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé inhabilitar para cargo público a los imputados por rebelión sin que empiece el juicio. Basta con que Llarena cierre su instrucción.

Y aquí, según adelanta este miércoles El País, el Alto Tribunal podría dar un mazazo definitivo al independentismo con la inhabilitación para ejercer cargo público de sus principales líderes, que no podrían concurrir a una hipotéticas nuevas elecciones.

Mientras el presidente del Parlament, Roger Torrent, decide si abre una segunda ronda de contactos en busca de un nuevo candidato o mantiene -como prometió este martes- la candidatura de Puigdemont, el Supremo podría adelantar por la izquierda los tiempos de la política.

Y unas posibles segundas elecciones podrían toparse con un escenario inédito: que a ellas no puedan concurrir algunos de los referentes del 1-O como Puigdemont y todos sus exconsellers, el líder de la ANC, Jordi Sánchez; las líderes de ERC y JxCat, Marta Rovira y Marta Pascal; y la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

El instrumento jurídico que cerraría el paso a todos ellos es el artículo 384  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dice así: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Esto afectaría a Puigdemont, si decide entregarse; a Junqueras y Jordi Sánchez; y cualquiera de los dirigentes antes citados si Llarena adopta contra ellos medidas cautelares cuando les interrogue. Una citación prevista para las próximas dos semanas.

 

Elsa Artadi, junto a Puigdemony y Mas en un acto de Junts per Catalunya en Bruselas.

 

Así, este miércoles, el magistrado ha culminado los interrogatorios colaterales con el último de los consellers de Puigdemont que dimitió antes del 1-O, Jordi Baiget (PDeCAT), y con el exdirector general de los Mossos, Albert Batllé.

A la par, Llarena espera que le lleguen algunos emails de Puigdemont y sus exconsellers que reclamó la pasada semana a la Generalitat, pero que no le habían sido entregados. Previsiblemente, el CTTI haría entrega a la Guardia Civil de esas comunicaciones la próxima semana.

Y también a principios de febrero, el juez tiene previsto citar a declarar a la última remesa de dirigentes políticos imputados en su causa: Artur Mas y Marta Pascal (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), y Anna Gabriel y Mireia Boia (CUP). También tiene pendiente de citar al exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, autor del documento Enfocats, la hoja de ruta del órdago ilegal del 1-O.

Con este calendario, Llarena tendría cerrada a finales del mes que arranca este jueves su instrucción. Y el Supremo activar el citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una decisión que podría alterar el rumbo del escenario político en Cataluña. El tiempo corre contra el independentismo.

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