Fiscalía abre diligencias contra la vicepresidenta Mónica Oltra

Lo adelantó a finales de enero la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Eva Ortiz, cuando dijo que habría "alguna sorpresa" contra el Consell de Ximo Puig, y parece que esas "sorpresas" se van desvelando. 

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana presentó el pasado día 17 una denuncia ante la Fiscalía por un posible fraccionamiento de contratos en la Conselleria que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Fuentes judiciales han confirmado ahora la apertura de diligencias.

La división de contratos se habría podido dar en el servicio de limpieza de residencias que dependen de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y los contratos se habrían realizado por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que suman más de 43 millones de euros.

El ministerio fiscal tiene seis meses para investigar estos hechos en fase prejudicial, prorrogables a otros seis si necesita más tiempo para completar las pesquisas.

El fraccionamiento consiste en disminuir la cuantía de un contrato a través de la partición del mismo en varios para poder adjudicarlo a una empresa sin seguir los procedimientos de publicidad establecidos por la ley. En la mayoría de las ocasiones los contratos menores se buscan por el órgano de contratación para evitar trámites y facilitar la gestión de los servicios, aunque en otras, se recurre a él para otorgar el contrato a una firma sin cumplir los principios de concurrencia y publicidad, dividiendo indebidamente el objeto del contrato para hacerlo pasar como menor aunque se trate de una misma tarea.

En la denuncia se asegura que, pese a existir un informe desfavorable de la Intervención, la Directora Territorial de la Conselleria en Valencia, Isabel Serra, por delegación de la consellera Oltra, suscribió autorización y compromiso de gasto. En la denuncia también estarían afectados la directora general de Servicios Sociales, Mercé Martínez, el subdirector general, José Aurelio Carrión, y el subsecretario de la Conselleria, José Gamero Lluna. Según el diario El Mundo, lo pagos sin  contrato ascendería a 43 millones de euros.

También en el  Ayuntamiento de Valencia

Además, el concejal del PP en el Ayuntamiento de València Félix Crespo ha denunciado al responsable de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, por un presunto  fraccionamiento de "dos contratos adjudicados a dedo" de pintura y restauración de las fachadas del Museo Fallero, "sin el dictamen obligado de la Comisión de Patrimonio". Ambos "por un importe total de 67.522 euros más IVA, superando los 50.000 que regula la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos menores de obras".

Según Crespo, Cultura Festiva envío el pasado lunes, 5 de febrero, un escrito a la Comisión de Patrimonio para consultar la actuación en el Museo Fallero, "reconociendo implícitamente que era necesario dicho dictamen para la intervención que se pretendía acometer".

De esta forma, el edil del PP ha criticado que "Fuset se salta la legalidad vigente que regula la Ley de 1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, así como la de 2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana y las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València", además de la ordenanza municipal de obras de edificación y actividades del Ayuntamiento, aprobada en 2012.