¿Va a poder cumplir Puig su promesa de revertir al 100% La Marina?

Ximo Puig ha anunciado que se van a acelerar los trámites para que La Marina sea 100% de gestión pública directa antes de que acabe la legislatura. Pero eso a día de hoy no parece posible.

El hospital de La Marina, de titularidad pública, está gestionado por una empresa fruto de la colaboración entre la aseguradora DKV y Ribera Salud. La concesión administrativa rige hasta 2023, y Ximo Puig quiere adelantar la vuelta a la gestión directa sin esperar a que el contrato expire, al contrario de lo que hizo en Alzira. Eso, de entrada, supone pagar. Se habla de 40 millones de euros.

La Generalitat quiere comprar, según Puig, el 100%. DKV tiene el 65% y quiere vender. Pero Ribera Salud no tiene previsto deshacerse de su 35%, y eso la Generalitat lo sabe. Así que las cuentas no salen. Porque además actualmente Ribera Salud tiene derecho preferente de compra en caso de venta de la aseguradora alemana.

Sí que es verdad que la Generalitat ha intentado derogar ese derecho de tanteo del que goza en este caso Ribera Salud (que le obliga a comunicar a la Generalitat su decisión de compra pero que no necesita de autorización expresa para ella) mediante una iniciativa parlamentaria de Compromís, incluida en la Ley de Salud de abril de 2018, según la cual ningún socio puede tener más del 40% en una gestión sanitaria.

Lo que pasa es que no está clara su aplicación con retroactividad porque hay otra ley, la de Contratos del Sector Público de noviembre de 2017, de inspiración europea, que según algunos juristas legitima los derechos del concesionario si hay cumplimiento satisfactorio de las condiciones pactadas, como parece ser el caso.

La web de Presidencia de la Generalitat publicó una noticia sobre esta ley en la que parece abonar el debate sobre si cabe o no cabe en estos casos la retroactividad, ya que por un lado indica que “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”, para a continuación proclamar que “la presente ley será aplicable a los acuerdos de rescate y a los encargos que se realicen después de su entrada en vigor”. Hay discusión al respecto, no resuelta aún claramente por los expertos jurídicos.

Es decir, que a día de hoy, y mientras esa discusión no se resuelva, la administración valenciana no parece que pueda comprar a DKV su parte mientras Ribera Salud no lo permita. Pero aunque lo hiciera, la situación resultante no sería de reversión total, sino de una concesión en la que la administración pública sería mayoritaria con una participación minoritaria de una empresa privada.

De darse ese supuesto estaríamos ante una fórmula inédita de gestión compartida Administración-Empresa, con la concesión vigente, para la que habría que estudiar su funcionamiento futuro. En cualquier caso no parece posible que la Generalitat gobernara La Marina obviando a su “socio” porque algunas decisiones habría que tomarlas por consenso, como la aprobación del plan de inversiones de la empresa “semipública”. Además, el nombramiento del director financiero está estipulado que le corresponde a Ribera Salud. Y tampoco estaría claro que el personal pudiera ser declarado “a extinguir”, como en la concluida concesión de Alzira.

En cualquier caso, ¿cómo pretende agilizar Ximo Puig la compra de las acciones de DKV si se produjera el desinterés de Ribera Salud? El diputado no adscrito David de Miguel preguntó en marzo por la supuesta existencia de un informe externo de valoración de la parte de DKV en La Marina. Se le respondió que tal informe no existía.

En un segundo intento en junio De Miguel recibió por respuesta que el informe sí existía pero que, incluso para él que es diputado, era confidencial porque el conocimiento de dicha valoración podía influir en el proceso de negociación.

¿Qué negociación?, se pregunta De Miguel. ¿Con DKV, que tiene que vender preferentemente a Ribera Salud? O, aunque así no fuera, ¿para acabar teniendo la Generalitat por socio a Ribera Salud en una gestión que no podría ser por tanto 100% directa por parte de la Conselleria? ¿Y por cuánto? ¿Los 400 millones que se ha rumoreado? ¿Está la Generalitat para gastar 400 millones en una reversión parcial? ¿O le va a hacer a Ribera Salud una oferta que no pueda rechazar?

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