| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados

Los sanitarios llevan a Illa ante el Supremo por homicidio imprudente y lesiones

La falta de medios de protección para evitar los contagios de coronavirus entre el personal coloca al Ministro de Sanidad a las puertas del Tribunal Supremo.

| Andrea Jiménez España

Faltan medios de protección para los sanitarios, que se siguen contagiando a diario al luchar contra el coronavirus y además, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar la propagación la enfermedad, y por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que acusan de los delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral.

El sindicato destaca que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud han provocado que a fecha de 30 de marzo de 2020, 12.298 sanitarios de España estén infectados por el Covid-19 y al menos 6 de ellos han fallecido por ese motivo.

 De hecho, subrayan que "a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma", los profesionales de la sanidad continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios "sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.)".

"Se está evidenciando ya una situación insostenible en el tiempo para este importante sector profesional", asegura el sindicato en su denuncia, que subraya que la falta de material también es "un grave problema" para los pacientes que "ven reducido el número de personal sanitario que puede ayudarles a curar su enfermedad" y para el resto de la sociedad que sufre el riesgo de "ser contagiada por el propio personal sanitario".

Además, la denuncia asegura que el ministro no ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "ha incumplido" el deber de "adoptar con urgencia las medidas necesarias al efecto" y entre ellas la "más esencial", la dotación de material de protección necesario a los servicios sanitarios para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones.

Amenazas y ceses de profesionales sanitarios

Junto a ello, la denuncia indica de que se han producido "amenazas administrativas y ceses a algunos sanitarios" por exigir la adopción de medidas de seguridad o que "se efectúan campañas publicitarias de dotación de EPI y pruebas de diagnóstico Covid-19 fraudulentas" porque "no existen dotaciones efectivas y tampoco pruebas de diagnóstico suficientes".

De esta manera, el sindicato considera que el ministro de Sanidad podría haber cometido un delito contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral pero también de lesiones y de homicidio imprudente por la "ineficacia de la actuación" y por la "imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del sector Sanitario en todo el país".