Estrasburgo falla a favor de Otegi en una sentencia aberrante para España

El independentismo catalán está de celebración. Después de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez haya cuestionado al Tribunal Supremo -con su descafeinado escrito impuesto a la Abogacía del Estado poniendo en duda la rebelión en Cataluña-, las malas noticias para la Justicia española llegan ahora desde Estrasburgo, cuyo tribunal tendrá a la postre la última palabra sobre el futuro judicial de Oriol Junqueras y el resto de procesados por el procés.

Y es que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH) ha dictado una sentencia en la que concluye que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exdirigente de Batasuna y actual líder de Sortu, Arnaldo Otegi, en el juicio por el caso Bateragune, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación.

La resolución conlleva la retirada de esta inhabilitación y abre la posibilidad a que Otegi sea candidato a lendakari en las elecciones vascas de 2020.

Ensayo general del "procés": Estrasburgo examina a España y puede blanquear a Otegi

La sentencia, dada a conocer este martes y que no ha sido unánime, resuelve que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y otros cuatro proetarras, Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Zabaleta y Miren Rodríguez Torres, todos condenados en aquella causa sobre la reconstrucción ilegal de Batasuna.

El caso, instado por la defensa de Otegi buscaba dilucidar si la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, en el juicio que le condenó por el caso Bateragune vulneró sus derechos fundamentales. La defensa alegó que su imparcialidad estaba contaminada por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él.

En concreto, alegaba que durante el juicio por el homenaje al cabecilla de ETA Argala, Murillo preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta".

Asimismo, Otegi denunció la presunta parcialidad del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, dada su militancia en el PP; y del magistrado Antonio Narváez, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de Batasuna. El TEDH rechazó de plano estos argumentos, que tachó de "maliciosos" en primera instancia, admitiendo a trámite sólo la parte relativa a la juez Murillo.

Todo un precedente para las defensas de los presos del 1-O, que llevan meses agitando el discurso de la parcialidad de los tribunales de España, con el instructor de la causa, Pablo Llarena, a la cabeza.