Los "amaños" del Plan E salpican al edil Andrés Llorens, de la etapa de Castedo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha abierto juicio oral al exvicealcalde de Alicante y exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens (PP), a un técnico y a dos empresarios por fraude y prevaricación en la adjudicación de obras a cargo del Fondo de Estatal de Inversión Local de 2009 y 2010 -conocido como Plan E-. Llorens fue vicealcalde de la exalcaldesa 'popular', Sonia Castedo.

En el auto, con fecha del pasado 20 de marzo, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se les impone una fianza por responsabilidad civil de 2,11 millones de euros. En el auto de procesamiento, de mayo de 2018, la instructora apuntaba a la existencia de un acuerdo entre el técnico y las dos mercantiles para que fueran beneficiarias "de forma ilícita" en la contratación de obras públicas.

Asimismo, sostenía que el apoderado de una de las empresas habría realizado el pliego de condiciones de diversos proyectos del denominado Plan E, que habría firmado el técnico "como propios" y por los que esa misma empresa resultaba adjudicataria final junto a la otra sociedad como subcontratada, que por su parte recibía "directamente" adjudicaciones de "menor cuantía".

Además, la juez afirmaba que había indicios de que esas supuestas irregularidades serían "cuanto menos conocidas y consentidas" por el concejal del área, Andrés Llorens.

La juez detallaba que los indicios surgían de una "ardua" investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales y destacaba que eran "claras" las relaciones personales entre el técnico municipal y los representantes de las dos mercantiles.

"Estrecha relación"

En ese sentido, se refería a la "multitud" de conversaciones telefónicas interceptadas entre el técnico y los dos empresarios en las que se pone de manifiesto "la estrecha relación" entre los tres y la forma en que orquestan las adjudicaciones de obras: unas veces por urgencia; otras "inflando" presupuestos de obras que iban a ser adjudicadas a esas empresas y "hablando con los empresarios de forma plural con frases como 'nuestra empresa'".

Asimismo, se exponía que existe un documento, el R-03, que es una tabla realizada por una de las empresas, en febrero de 2009, que recoge una relación de proyectos a licitar y "en la que parece indicarse la existencia de un compromiso adquirido" por "miembros" del ayuntamiento para adjudicaciones por cinco millones de euros, "cantidad muy cercana al beneficio obtenido por Becsa", que asciende a algo más de 4,9 millones de euros.

"Y esa persona no puede ser otra que el concejal delegado de la Concejalía de Atención Urbana", como órgano gestor del contrato, Andrés Llorens, que es quien "firma todas las licitaciones objeto de examen". Por último, la juez afirmaba que Becsa compró los contenedores soterrados a la empresa Equinord, de la que era delegado "el hermano del concejal que adjudica".