La jueza del fracasado 'caso Brugal' sienta ahora en el banquillo a Císcar

El 7 de junio de 2007 (hace ahora doce años y cinco días) el diario Información publicaba el siguiente titular “La juez de la Operación Brugal se pide un permiso en plena investigación”. Y prácticamente el mismo día que se ha conocido la sentencia absolutoria de la Audiencia de Alicante al apartar, por lesionar derechos fundamentales de las personas, la práctica totalidad de las “pruebas” (escuchas telefónicas, grabaciones, registros domiciliarios, etc) autorizadas y requeridas por la Instrucción a la policía.

Es decir lo que resultó para la instructora y para el Ministerio Fiscal, indiciario de criminalidad y suficiente para la apertura de juicio oral, ha resultado ser una metodología capciosa y vulneradora de derechos fundamentales de los acusados que, habiendo contaminado el auto, ha producido su definitiva exculpación por un grave defecto de forma.

Absueltos Fenoll, Mónica Lorente y Medina en el caso Brugal por las basuras de Orihuela

Y se da la curiosa circunstancia de que la magistrada Nuria Soler, fue en aquel entonces la juez Titular del Juzgado nº 3 de Orihuela que inició la Instrucción y autorizó las primeras escuchas y la investigación prospectiva que decayó definitivamente con el reinicio de la actividad judicial tras la pandemia. La misma que ayer mismo –“casualidad o causalidad” como en ocasiones puede leerse en los más de treinta tomos del sumario del llamado caso IVAM- emitía Auto por el que se declara apertura de juicio oral para Consuelo Císcar y otros cinco imputados más.

No constan en este caso, según indican a ESdiarioCV fuentes próximas a los imputados, escuchas o registros, aunque sí retiradas selectivas de pasaporte (a la propia Císcar y a su hijo Rafael), decomiso de obras propiedad de las hijas de la ex directora y cuantiosos embargos (que superan los cuatro millones de euros) como medidas preventivas de las presuntas conductas delictivas. Y añaden: “pero si hay constancia de la reiterada protesta de las defensas por la permanente investigación
prospectiva en que la Instrucción ha derivado con la connivencia de la fiscalía -mientras la ejercía Vicente Torres- y la Abogacía de la Generalitat.

Un escrito que no consta

El largo auto de 146 páginas que los investigados -los que se mantienen y los que se archivan o sobreseen-, contiene "no pocas imprecisiones y errores" y, con toda seguridad, provocará solicitudes de aclaración y subsanación, alegaciones y recursos, según indican las mismas fuentes.

De hecho termina archivando provisionalmente la imputación de Raquel Gutiérrez y Juan Bría (dos de los subdirectores de Císcar), los expertos Miguel Sazatornil y María Cruz Alonso y un funcionario del IVAM, fotógrafo, inicialmente investigado por sus colaboraciones profesionales -demostradas legítimas y legales- con Rablaci. Y ordenando la prosecución del procedimiento contra la directora y otros dos de sus subdirectores, contra Rafael Blasco Císcar (Rablaci) y contra el empresario especializado en logística del arte Enrique Bienvenido Martínez.

Es llamativo que el décimo de los razonamientos jurídicos que anteceden a la resolución indique literalmente que existe escrito del Ministerio Fiscal en el que “no se opone” a la extensa y documentada solicitud de archivo de Rablaci, mientras se constata la oposición -no tan argumentada- de la Abogacía de la Generalitat. Y es llamativo porque no consta a las defensas la existencia de tal escrito de la fiscal Virginia Abad, quien -sorprendentemente- no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho en relación con las manifestaciones de otros solicitantes de archivo. Lo que no ha sido óbice para que la Instructora dicte el Auto abreviado.

Ex alto cargo del IVAM y ahora Antifraude

¿Es un error de la Instructora o una omisión del documento evacuado por la fiscal? Habrá que esperar para conocerlo con precisión. Y habrá que esperar para saber si existe discrepancia de criterios entre Anticorrupción y Abogacía de la Generalitat a la hora de acusar a Rablaci, como ya viene ocurriendo en otros casos.

Más, probablemente, más de seis meses según estiman las defensas, habrá que esperar para ver si como acaba de ocurrir con Brugal, la magistrada Nuria Soler, ve desvanecerse -siete años después- una instrucción originada por una denuncia anónima y un Informe de la Intervención General aportado por la UGT y por Joan Llinares, entonces subdirector del ahora cesante García Cortés, hoy flamante responsable de la Agencia Antifraude a propuesta de Podemos.