La propuesta del Botànic que deja en entredicho a la consellera Bravo

Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

Gabriela Bravo, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

La responsable de Administración Pública va en la línea contraria del Gobierno, de Compromís y de las circunstancias que marca la pandemia en un tema clave. Ahora, también del Botànic

PSPV, Compromís y Unides Podem han presentado al Debate de Política General una serie de propuestas de manera conjunta. Entre ellas destaca "continuar blindando la sanidad pública", una actuación que insistentemente centran en "la recuperación de las reversiones", más plazas de residencias, implantar la educación obligatoria hasta los 18 años en la Comunitat Valenciana o trabajar hacia una jornada semanal de cuatro días.

Además, existe otra medida que lanzan que choca directamente con la actitud de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. En concreto se trata de " potenciar el teletrabajo garantizando su carácter voluntario y reversible". En esa línea sí que está avanzando Compromís desde las consellerias que dirige, caso de Economía o Agricultura. De hecho, son las que están presentando más alegaciones al borrador inicial presentado por Administración Pública.

También fueron, en las últimas fases del confinamiento y ya a finales de junio, las que defendían que sus empleados públicos teletrabajaran, hasta el punto de que se opusieron a las directrices de Bravo de que se incorporaran de inmediato a sus puestos todos los trabajadores, sin disponer de una exhaustiva evaluación de riesgos para minimizar los contagios. Incluso Compromís ahora, y como partido, ha enviado escritos para reunirse con los principales sindicatos y escuchar sus propuestas.

En cambio, la consellera Bravo, tanto en su primer mandato como en este segundo, ha ido dilatando la regulación del teletrabajo en la Función Pública, pendiente de desarrollarse desde 2016. Ahora, forzada por las circunstancias, por el acuerdo estatal aprobado en junio por el Gobierno y los principales sindicatos que potencia el trabajo a distancia y por la insistencia de Compromís y de sindicatos como CSIF, ha iniciado, también con retraso en los plazos que se había marcado inicialmente, los trámites para un nuevo decreto. 

No obstante, todavía se halla en una fase muy preliminar, de manera que, en la práctica, impide una reglamentación de teletrabajo en la Administración Pública valenciana que se adapte a la urgencia de la situación de pandemia y a las limitaciones de espacio en muchos edificios públicos para garantizar la distancia entre los trabajadores.

Si ya son bastantes los actores políticos y sociales que le piden más flexibilidad en este tema a la consellera, ahora se suma el propio tripartito del Botànic con su propuesta en el Debate de Política General.

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