15 de julio de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Malas noticias para Torra en su persecución a los que quitan lazos amarillos

Ahora tiran de la misma ley que criticaban para poder reprimir a los catalanes que no están a favor del independentismo, pero puede en su sectarismo hayan ido demasiado lejos jurídicamente.

A pesar de que la Ley Mordaza fue duramente criticada por partidos como ERC o el PDeCAT el independentismo recurrirá a la ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, para perseguir a los ciudadanos que retiren lazos amarillos de las calles de Cataluña.

Según ha trascendido, el pasado viernes los Mossos d'Esquadra identificaron a 14 personas por arrancar lazos amarillos de las calles de Mora la Nueva, Tivisa y Vandellós, en Tarragona y podrían enfrentarse a multas de entre 601 y 30.000 euros.

Sin embargo, parece que la Generalitat de Quim Torra no lo va a tener tan fácil. Juristas han advertido este lunes del "difícil" encaje en la Ley de Seguridad Ciudadana de la retirada de lazos amarillos en lugares públicos de Cataluña,a raíz del anuncio por parte de la Generalitat de Cataluña de que podrían aplicarse sanciones de hasta 30.000 euros amparadas en dicha norma a quienes realicen estas actuaciones.

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Raimundo Prado, ha señalado en manifestaciones a Europa Press que esta organización no tiene una opinión al respecto, aunque con carácter general y dada su condición de juez de los contencioso-administrativo pone en duda la aplicación de la denominada "Ley Mordaza" a este tipo de situaciones.

La cuestión es que se pretende aplicar dicha norma en base a un artículo muy genérico de la Ley de Seguridad que habla de la posibilidad d sancionar daños al dominio público.

"Si para quitar un lazo amarillo se utilizara una radial o algo similar, que pudiera dañar un elemento de la vía pública si se estaría incurriendo lo que dice la norma, pero ello no es de aplicación a lo que simplemente es retirar un lazo del color que sea", ha indicado Prado, que se pregunta si no se podría decir lo mismo de la colocación de estos elementos, que simbolizan la solidaridad del movimiento independentista con los presos de la causa por el 'procés' que se sustancia en el Tribunal Supremo.

En la misma línea, la fiscal general del Estado, María José Segarra, no cree que haya "delito alguno ni en quitar ni en poner" lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que "forma parte de la libertad de expresión", aunque no se pronuncia sobre la posibilidad de que a las personas que lo hagan puedan aplicárseles la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no es de su competencia sino del Gobierno de Cataluña.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, fue más allá este lunes al asegurar que "reprimir policialmente" a quienes quitan lazos amarillos "es ilegal y una aberración". "Ni quitar ni poner lazos es delito", recalcó.

En un apunte en su cuenta de Twitter, Carrizosa se posicionó con la postura de la fiscal general del Estado. Con todo, el portavoz de la formación naranja opinó que poner lazos amarillos (solicitando la libertad de los políticos catalanes presos) en instituciones y espacios públicos "es infracción administrativa y rompe la neutralidad ideológica".

Sin embargo, para Carrizosa la retirada de los mismos no implica una infracción, y "reprimir policialmente a quienes los quitan es ilegal y una aberración".

El político catalán se ha expresado así después de que la Generalitat de Cataluña anunciase que podrían aplicarse sanciones de hasta 30.000 euros por la retirada de lazos amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.

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