Escándalo: los jueces andaluces se la juegan al PP en el caso de los EREs

Una evidente doble vara de medir. Mientras el PSOE mantiene viva su campaña contra la Fiscalía por favorecer supuestamente al PP en algunas investigaciones abiertas en Murcia y La Rioja, guarda silencio ante las evidentes disfunciones que se están produciendo en Andalucía en las últimas semanas a cuenta de las investigaciones sobre los multimillonarios desfalcos de dinero público certificados durante los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente de la Junta. Una juez sustituta y un exalto cargo del Gobierno socialista retornado a la magistratura han desatado una enorme polvareda en las últimas horas.

La magistrada de Sevilla María Núñez Bolaños, sustituta de la magistrada Mercedes Alaya -azote en su día de los principales casos de corrupción del PSOE en Andalucía y víctima de una brutal y sostenida campaña- insinúa en su último auto que el PP ha recurrido el archivo de la pieza política del fraude de los cursos de formación, que afecta a 24 excargos de la Junta -entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias andaluzas-, "en un intento de mantener esta causa abierta" con el fin de obtener "réditos políticos".

La juez Núñez Bolaños anuló hace quince días la fianza de 4,2 millones de euros impuesta a Griñán

En un más que discutido auto conocido este martes, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por los populares contra la providencia de 23 de enero en la que la juez acordó desprecintar los expedientes depositados en dos despachos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El PP recurrió la providencia al entender que se trata de una resolución "nula de pleno derecho" al estar la juez afectada por una solicitud de abstención, de lo cual "está advertida en innumerables escritos y recursos presentados por esta parte, a pesar de lo cual sigue haciendo caso omiso y continúa dictando resoluciones".

Chaves y Griñán salen airosos de otra causa en el Juzgado

Esta última polémica resolución de la juez Núñez Bolaños llega después de otras dos decisiones que han dado mucho que hablar. Ya el pasado día 1 ESdiario informó que la magistrada había dictado una controvertida resolución en la que rechazó imputar a los expresidentes Chaves y Griñán en la pieza separada de los cursos de formación que afecta a uno de sus subordinados en la Junta, el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, en relación con el presunto fraude de 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.

Pero, además, el pasado 23 de febrero, la magistrada anuló la fianza de 4.2 millones de euros que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, había impuesto a Griñán en concepto de responsabilidad civil.

Las discutidas resoluciones de la sustituta de Mercedes Alaya coinciden en el tiempo con la sorprendente designación del magistrado Pedro Izquierdo como presidente del tribunal que debe juzgar a Chaves y Griñán por el caso ERE, teóricamente por sorteo. Y es que Izquierdo fue precisamente alto cargo de los gobiernos de los expresidentes socialistas.

El PP ha recusado este martes a Pedro Izquierdo, exalto cargo de la Junta y que se obstina en presidir el juicio de los ERE contra Chaves y Griñán

Ante su negativa a abstenerse por la más elemental norma de independencia judicial, este mismo martes el PP ha solicitado la recusación de Izquierdo. "No puede ser que un miembro del gobierno juzgue a ese gobierno", ha denunciado la secretaria general del PP-A, Loles López.

"Los ciudadanos a raíz del caso de los ERE perdieron la confianza en la política y no queremos que ahora pierdan también la confianza en la justicia", ha enfatizado.