22 de abril de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La Policía demuestra que la Generalitat traficó con datos personales para el 1-0

Los investigadores han encontrado las pruebas técnicas de la cesión, sin ninguna base legal, del censo de catalanes por parte del Instituto de Estadística de Cataluña. Son irrefutables.

La Generalitat, con Puigdemont al frente, no tuvo reparos en manipular y hacer circular los datos personales de los catalanes con tal de llevar a cabo su referéndum ilegal de 1 de octubre.

Así lo ha probado ahora la Policía Nacional, que ha encontrado en la sede de la Administración Abierta de Cataluña (AOC) y en el despacho de Daniel Gimeno, el entonces jefe del Gabinete Técnico de la secretaría general de vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña, las pruebas técnicas de que el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) transfirió el Registro de la Población Catalana a la vicepresidencia de la Generalitat y que sería utilizado en el referéndum ilegal del 1-O.

El traspaso se habría hecho sin ninguna base legal para ello, según consta en el informe que ha remitido el CNP al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Hasta el momento, el Juzgado contaba con otros informes policiales en los que se analizaban los correos electrónicos entre Frederic Udina, director del Idescat, y el secretario de vicepresidencia, , en los que el primero le comunicaba que le había realizado el envío y el segundo confirmaba el acuse de recibo.

La entrega del censo se realizó, según el informe policial, sin ninguna base legal porque el convenio al que se alude para ceder los datos no ha sido publicado

El Registro de Población Catalana es un censo que debe custodiar el Idescat y que sólo puede ceder a los organismos con los que tiene un convenio público y para un fin determinado, como es el caso del sistema de salud. Este registro se actualiza de manera trimestral con los datos que facilita el Instituto Nacional de Estadística cada tres meses.

Sin embargo, los investigadores aún no tenían las pruebas técnicas definitivas de los envíos, por lo que solicitaron al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la entrada y registro en los despachos de Frederic Udina y de Daniel Gimeno, jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Vicepresidencia, y que fue el designado como responsable del tratamiento del fichero de datos de carácter personal del registro de participaciones en consultas populares no referendarias. 

La Policía también solicitó entrar en la sede de Mediapró Cloud y en el Centro de Comunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI). Lo que el juez autorizó el 11 de junio pasado. En la operación, y tras detener a Udina y Gimeno -cuya actuación, según los investigadores puede suponer una responsabilidad por revelación de secretos-, los agentes entraron en Mediapró Cloud, pero no pudieron acceder a la información que buscaban porque su función es prestar servicio de housing a la Administración Abierta de Cataluña (AOC). Por lo que continuaron la diligencia en la AOC.

Fue allí donde hallaron las evidencias de los envíos y pudieron "determinar técnicamente que existen dos registros de la plataforma de e-Valisa de fecha 19 de mayo de 2017" teniendo como único emisor un correo vinculado a Frederic Udina) y como destinatarios Josep María Jové Lladó y destinataria con permisos de visualización, Silvia Sans Farré, secretaria de dirección del Idescat. El asunto de dicho envío mediante e-Valisa se corresponde con el Registro de Población de Cataluña.

Según la Policía "este registro hallado permite confirmar de forma técnica lo que se obtuvo en los correos electrónicos volcados en la diligencia de entrada y registro practicada en la sede del Idescat el 5 de diciembre de 2017". En ese correo, Udina participaba a Jové que el Idescat había entregado a Daniel Gimeno la última versión del Registro de Población de Cataluña.

 

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