22 de mayo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Emails de las tarjetas en puticlubs caen en manos de un juez y tiembla Susana

Susana Díaz, en el último Consejo de Gobierno de la Junta.

Susana Díaz, en el último Consejo de Gobierno de la Junta.

Un juzgado de Sevilla requisa la información de los ordenadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación. Miles de euros se dilapidaron en clubs de alterne. Se buscan nombres y apellidos.

Es solamente un párrafo en una resolución judicial, pero ha puesto los pelos de punta en la Junta de Andalucía. Y es que el último escándalo de malversación de dinero público, con tarjetas de crédito oficiales usadas en puticlubs de toda Andalucía, ha desatado el pánico en el PSOE andaluz.

La juez María Núñez Bolaños, que instruye el fraude de los ERE, ha decidido requisar los emails de la desaparecida Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), el último gran agujero negro destapado en el gobierno que preside Susana Díaz.

En su auto, en el que ha abierto una pieza separada y exclusiva para este fraude, la magistrada advierte no sin cierta ironía contra la Junta: "No cabe duda de que en la época en que vivimos los ordenadores son depositarios de gran cantidad de información relativa a nuestra vida y a nuestra personalidad, pero también son el medio empleado para efectuar un gran número de comunicaciones, que se han ido generalizando en nuestra sociedad".

"De manera que el análisis del contenido del disco duro unido a los autos en pieza secreta, puede afectar o incidir sobre el derecho a la intimidad o a la privacidad, pero también al derecho fundamental al secreto a las comunicaciones consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución", sentencia Núñez Bolaños.

De esta forma, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se dispone ya a escrutar los correos electrónicos de 66 personas, entre directivos y técnicos, actuaciones que además ha declarado secretas, salvo para el fiscal, por el tiempo imprescindible para realizar el análisis y nunca superior a un mes.

La juez solicita así del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) la remisión de toda la información que pueda tener, tanto en sus archivos como en posibles servidores informáticos y/o copias de seguridad, que se refiera a las comunicaciones mantenidas desde las citadas cuentas de correo electrónico.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.

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