El sonrojante dato que ridiculiza la reforma del despido por bajas médicas

El gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez se está colgando todas las medallas al anunciar que eliminará el tan traído y llevado artículo 52 punto D del Estatuto de los Trabajadores para impedir el despido objetivo por acumulación de bajas médicas.

Yolanda Díaz, la dirigente podemita  que encabeza el Ministerio de Trabajo, ha llegado a proclamar que este punto era "una anomalía y una excepcionalidad en relación con países de nuestro entorno" y ha apuntado que esta derogación muestra que el Ejecutivo pretende "desmontar la reforma laboral del Partido Popular". Pero tanto la realidad como la historia legislativa dejan a la ministra y por extensión al Ejecutivo por los suelos.

Para empezar, los ataques de Díaz a los populares no cuenta con ningún rigor. Y es que Estatuto de los Trabajadores de 1980, aprobado bajo gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, ya contaba una cláusula para extinguir contratos con la siguiente formulación:

"Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el cinco por ciento en los mismos periodos de tiempo".

Lejos de modificar este punto, el Gobierno del PSOE lo mantuvo prácticamente intacto en el Estatuto de los Trabajadores de 1995, impulsado bajo el último mandato de de Felipe González. La redacción, entonces, fue ésta:

"Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por 100 en los mismos períodos de tiempo".

Y seguía: "No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, licencias y vacaciones, ni enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos"

Más tarde, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero revisó a la baja la exigencia de que el índice de absentismo del total de la plantilla fuese del 5 por ciento, para dejarlo en el 2,5 por ciento. Así las cosas, de 1982 a 1996, González conservó esta cláusula en el Estatuto de los Trabajadores y, de 2004 a 2011, Rodríguez Zapatero no solo la mantuvo, sino que la modificó haciéndola aún más severa.

Sánchez quiere desmontar la reforma laboral mientras el paro se dispara

Y el Gobierno del PP, con Mariano Rajoy al frente, mantuvo casi idéntica la redacción del artículo en su reforma laboral. Los dos únicos cambios recogidos en la modificación consistieron en eliminar el requisito de que el absentismo en toda la plantilla fuese del 2,5 por ciento y en reforzar la protección de los trabajadores que sufran una enfermedad grave.

Solo 30 despidos

Por otra parte, y como han señalado diarios y portales económicos como Libre Mercado, el número de bajas justificadas no se ha reducido en los últimos años, sino que ha ido aumentando. Desde que se aprobó la reforma laboral, las bajas justificadas han crecido un 78%, elevando el gasto de la Seguridad Social asociado a este concepto desde los 5.400 hasta los 8.000 millones de euros.

No hay, pues, un repunte de las bajas por temor al despido, sino que se ha producido un fuerte aumento del absentismo, tanto justificado como no justificado, en el trabajo.

De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha difundido una estadística demoledora. Según las cifras que maneja la patronal, en 2019 hubo apenas treinta despidos por acumulación de faltas de asistencia justificadas. El responsable de la patronal ha lamentado que, pese a tan ínfimo número de expedientes, se haya generado una polémica "exagerada" e "injusta", que solo pretende "culpar a los empresarios y decir que no tenemos ninguna sensibilidad".

Si se compara el tamaño de la población activa (23.158.800 personas, según la última Encuesta de Población Activa) con los 30 expedientes observados en 2019, podemos entender mejor las palabras de Garamendi, puesto que los casos registrados afectaron a apenas el 0,0001% del total de activos de nuestro país. Un dato que debería sonrojar a Yolanda Díaz y al resto del Consejo de Ministros.