El alcalde de Alicante lleva a Fiscalía un presunto espionaje en el Ayuntamiento

El equipo de Gobierno 'popular' en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que dará traslado a la Fiscalía del informe elaborado por la Asesoría Jurídica municipal sobre el acceso irregular a cuentas de correo electrónico de integrantes de la Corporación local por parte de dos asesores del grupo municipal de Ciudadanos.

Cabe recordar que el caso se dio a conocer el pasado 20 de febrero cuando el concejal Juan Francisco Escudero alertó de un fallo de seguridad que permitía acceder con una clave maestra -'Alicante'-, a los correos municipales de asesores y concejales. El viernes 1 de marzo, el equipo de Gobierno del PP precisó que tras revisar 22 millones de datos se comprobó que dos asesores de Ciudadanos realizaron 9 accesos irregulares a cuentas de otros ediles y asesores.

Ahora, el informe jurídico municipal concluye que "sería aconsejable dar traslado al Ministerio Público del informe elaborado por la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática y de otras actuaciones documentales que puedan existir para un mejor esclarecimiento de los hechos y adecuada tipificación legal".

En el mismo documento, que se ha sido remitido a todos los representantes de los grupos municipales, se apunta a que pudiera existir la posibilidad de una infracción penal por el acceso irregular a cuentas de correo electrónico de cargos públicos del Ayuntamiento y asesores de la corporación municipal.

El informe hace hincapié en el artículo 197 del Código Penal que habla de quien acceda "sin autorización" a datos contenidos en un sistema informático "o se mantenga dentro del mismo" y lo equipara al allanamiento de morada.

Recuerda, además, que el artículo 18 de la Constitución Española protege el derecho fundamental a la intimidad y subraya que "ninguna sociedad libre y desarrollada" puede "concebirse" sin medios para garantizar "la esfera más íntima".

Por ello, el informe expone que "acceder sin consentimiento al correo electrónico de otra persona con voluntad consciente de violar la intimidad" supone un descubrimiento de secretos y una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

Ante eso, la Asesoría Jurídica municipal concluye que "a priori" podría existir una responsabilidad penal y propone trasladar a fiscalía el informe municipal de los servicios de informática para "un mejor esclarecimiento" de los hechos y su "adecuada tipificación legal".