13 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Carmena liquidó hace semanas una unidad policial clave contra las bandas latinas

La reyerta en Sol acabó con un muerto.

La reyerta en Sol acabó con un muerto.

La gestión de la Seguridad por parte del Ayuntamiento de Madrid ha conocido otro hito desastroso tras los sucesos del fin de semana. Y lo peor es que tal vez podrían haberse evitado.

El fin de semana de violencia que se ha vivido en Madrid ha causado conmoción y amenaza con consecuencias políticas. Nada menos que un tiroteo en el distrito de Villaverde, un ataque de dominicanos contra policías fuera de servicio y las unidades que acudieron a poner fin a la trifulca en el distrito de Tetuán y una reyerta entre un centenar de miembros de bandas latinas con un muerto incluido en el kilómetro cero en plena Puerta del Sol. 

Uno de los lugares afectados por lo sucedido ha sido el Ayuntamiento de Madrid, caldeando aún más los ánimos de la Policía Municipal madrileña con la decisión de suprimir las Unidades Centrales de Seguridad (UCES), que llevó semanas atrás a una mediática protesta contra el concejal de Seguridad Javier Barbero

Precisamente los sucesos del fin de semana han echado gasolina a esa polémica decisión. El hostigamiento sufrido por los equipos de Policía Nacional y Policía Municipal que acudieron a la zona de Tetuán, y que causó una quincena de heridos entre los agentes, viene a coincidir con el hecho de que la disuelta UCES-1, a través de sus Grupos de Respuesta Inmediata (GRI), se encargaba de desarrollar sus labores en dicho distrito así como en el de Villaverde. 

¿Podría haberse evitado lo sucedido si hubiera estado operativa esta unidad de la Policía Municipal? La pregunta queda en el aire pero desde luego la labor de prevención desarrolla, aseguran desde dicho cuerpo, no era baladí. 

Una disolución peligrosa

No obstante, fuentes de la Policía Municipal consultadas por ESdiario apuntan a la propia política de seguridad del Consistorio madrileño y, en concreto, a una medida preocupante: la disolución, hace un par de meses y de "forma fulminante", de la Sección de Coordinación y Análisis de la Información (SECAI), dedicada a labores de inteligencia y que venía trabajando con sus equivalentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. 

"Una parte importante de su trabajo consistía en investigar en redes sociales, estar al tanto de quedadas para enfrentamientos. Muchas convocatorias de peleas no han tenido lugar por su labor. Se localizaba el lugar de la quedada y se enviaban dotaciones policiales. Cuando iban llegando los convocados, al ver el despliegue se disolvían ellos mismos", explican las fuentes policiales, que inciden en que uno de sus objetivos prioritarios eran las bandas latinas. 

No faltan quienes apuntan a que la disolución de la SECAI tendría que ver con su participación en el control de elementos radicales de extrema izquierda en manifestaciones y desahucios.

Un problema político

Precisamente la cuestión ideológica persigue a la política de seguridad del Consistorio de Manuela Carmena, como se ha encargado de recordarle el Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) en una carta abierta tras los sucesos del fin de semana.

 

El sindicato policial critica que se haya trabajado "eliminando unidades y grupos dedicados a la seguridad, posicionándose en contra de la aplicación de determinadas leyes (Ley Seguridad Ciudadana), destinando policías operativos a trabajos de vigilancia de puertas y otros puestos no operativos, etc." y denuncia la pasividad tolerante con acampadas en Cibeles y Moncloa o que "responsables políticos de este Ayuntamiento critican y agreden verbalmente a los Policías y sus actuaciones". 

Esta es una de las cuestiones que tienen la sensibilidad a flor de piel en las filas de la Policía Municipal. "La tolerancia y el diálogo no pueden ser el lenguaje oficial con los delincuentes", argumentan desde CPPM, donde piden "que no se politice la seguridad porque es pública, no política". 

Sin embargo, el equipo de gobierno municipal ha dado sobradas muestras de esa politización. La concejala de Tetuán, Montserrat Galcerán, ha reaccionado a las agresiones sufridas por los policías con el retuiteo de un mensaje de Barbero solidarizándose con los agentes.

Pero no olvidan que la misma concejala, como responsable del distrito Moncloa-Aravaca, tuvo un choque con policías municipales de una UCES que pretendían rebajar la música de una caseta del Colectivo 1984, con el que simpatizan dirigentes de Podemos, durante las fiestas del pasado verano. 

Otro ejemplo es de la concejala de los distritos Arganzuela y Usera, Rommy Arce, que durante un pleno en el primero equiparó la violencia de ETA a la policial. Una petición para que se retractase, formulada por sindicatos policiales en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, días después, fue desatendida.

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